El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, anunció que el Ejecutivo está dispuesto a flexibilizar la tramitación de la reforma constitucional en seguridad. Ante la falta de apoyos suficientes en el Senado y las críticas transversales, el Gobierno evalúa reemplazar la actual suma urgencia por una urgencia simple de 30 días. Esta medida busca facilitar un debate más amplio y participativo para destrabar la iniciativa legislativa. La propuesta original, que contempla un estado de excepción de hasta 240 días bajo atribución presidencial y nuevas facultades para interceptar comunicaciones, ha generado reparos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo. El ex Presidente Gabriel Boric calificó la medida como una limitación inédita de libertades, mientras que parlamentarios de Chile Vamos han condicionado su respaldo a modificaciones sustanciales. El ministro Ruminot admitió que esperaban una mejor recepción, argumentando que el proyecto se alinea con otras propuestas parlamentarias previas sobre estados de excepción. Las encuestas muestran un escenario dividido respecto a la reforma, con una mayoría ciudadana que prefiere ajustes antes de su aprobación. Mientras Criteria refleja un respaldo mayoritario a la idea de reformar la Constitución en seguridad, Cadem indica que cerca de la mitad de los consultados prefiere que el Gobierno retire el proyecto para buscar acuerdos. El Ejecutivo mantiene su postura de no retirar la iniciativa, confiando en que el trabajo legislativo permitirá alcanzar los consensos necesarios para su avance.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja un intento de control de daños ante un escenario legislativo adverso, donde la falta de votos en el Senado obliga a una apertura táctica hacia la negociación. Al reconocer que esperaban una mejor recepción, el Ejecutivo busca desplazar la responsabilidad de la parálisis hacia el Congreso, apelando a la existencia de proyectos similares presentados por parlamentarios para legitimar su propia propuesta. Esta maniobra intenta transformar una derrota política inicial en un proceso de 'diálogo participativo' para evitar el retiro forzado del proyecto. En este evento, el Gobierno pierde capital político al ver cuestionada su capacidad de conducción legislativa, mientras que los parlamentarios de oposición y oficialismo ganan margen de maniobra para imponer condiciones. La narrativa se construye bajo una tensión entre la urgencia de combatir el crimen organizado y la defensa de las libertades individuales. Mientras el Ejecutivo intenta posicionarse como un actor pragmático dispuesto a ceder en los plazos, sus críticos construyen una narrativa de 'iliberalismo' que pone en duda la proporcionalidad de las medidas propuestas.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, anunció que el Ejecutivo está dispuesto a flexibilizar la tramitación de la reforma constitucional en seguridad. Ante la falta de apoyos suficientes en el Senado y las críticas transversales, el Gobierno evalúa reemplazar la actual suma urgencia por una urgencia simple de 30 días. Esta medida busca facilitar un debate más amplio y participativo para destrabar la iniciativa legislativa. La propuesta original, que contempla un estado de excepción de hasta 240 días bajo atribución presidencial y nuevas facultades para interceptar comunicaciones, ha generado reparos tanto en la oposición como en sectores del oficialismo. El ex Presidente Gabriel Boric calificó la medida como una limitación inédita de libertades, mientras que parlamentarios de Chile Vamos han condicionado su respaldo a modificaciones sustanciales. El ministro Ruminot admitió que esperaban una mejor recepción, argumentando que el proyecto se alinea con otras propuestas parlamentarias previas sobre estados de excepción. Las encuestas muestran un escenario dividido respecto a la reforma, con una mayoría ciudadana que prefiere ajustes antes de su aprobación. Mientras Criteria refleja un respaldo mayoritario a la idea de reformar la Constitución en seguridad, Cadem indica que cerca de la mitad de los consultados prefiere que el Gobierno retire el proyecto para buscar acuerdos. El Ejecutivo mantiene su postura de no retirar la iniciativa, confiando en que el trabajo legislativo permitirá alcanzar los consensos necesarios para su avance.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja un intento de control de daños ante un escenario legislativo adverso, donde la falta de votos en el Senado obliga a una apertura táctica hacia la negociación. Al reconocer que esperaban una mejor recepción, el Ejecutivo busca desplazar la responsabilidad de la parálisis hacia el Congreso, apelando a la existencia de proyectos similares presentados por parlamentarios para legitimar su propia propuesta. Esta maniobra intenta transformar una derrota política inicial en un proceso de 'diálogo participativo' para evitar el retiro forzado del proyecto. En este evento, el Gobierno pierde capital político al ver cuestionada su capacidad de conducción legislativa, mientras que los parlamentarios de oposición y oficialismo ganan margen de maniobra para imponer condiciones. La narrativa se construye bajo una tensión entre la urgencia de combatir el crimen organizado y la defensa de las libertades individuales. Mientras el Ejecutivo intenta posicionarse como un actor pragmático dispuesto a ceder en los plazos, sus críticos construyen una narrativa de 'iliberalismo' que pone en duda la proporcionalidad de las medidas propuestas.

El Ejecutivo enfrenta dificultades para asegurar los 29 votos necesarios para aprobar su reforma constitucional en seguridad, la cual propone un nuevo estado de excepción de hasta 240 días y mayores facultades presidenciales. Ante la resistencia de senadores clave y críticas sobre la falta de trabajo prelegislativo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, admitió que esperaban una mejor recepción en el Congreso. La administración ha descartado retirar el proyecto, pero evalúa extender el plazo de discusión mediante una urgencia simple de 30 días para facilitar acuerdos. La propuesta ha generado cuestionamientos transversales, incluyendo a figuras que anteriormente apoyaban al Gobierno, como los senadores Matías Walker y Vanessa Kaiser, quienes han calificado aspectos de la iniciativa como totalitarios o excesivos. Parlamentarios de oposición y del propio oficialismo han señalado que la reforma carece de contrapesos adecuados, especialmente en lo relativo a la interceptación de comunicaciones y la duración de los estados de excepción. El Gobierno busca ahora negociar indicaciones con los partidos de derecha para alinear los votos necesarios en las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa. La estrategia del Ejecutivo se centra en la apertura al diálogo parlamentario, argumentando que la reforma se hace eco de inquietudes ya presentes en otros proyectos legislativos. Mientras el ministro García Ruminot defiende la necesidad de herramientas estatales contra el crimen organizado, el oficialismo ha comenzado a sondear apoyos específicos en el Senado. La tramitación legislativa se mantiene en suspenso mientras se definen las modificaciones que permitirían destrabar la votación en general.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja una táctica de repliegue táctico ante la fragilidad de sus mayorías parlamentarias, utilizando la flexibilización de los plazos legislativos como una herramienta para evitar una derrota política temprana. Al reconocer errores en el diseño y la falta de socialización previa, el Ejecutivo intenta trasladar la responsabilidad de la construcción del acuerdo hacia los legisladores, presentándolos como colegisladores necesarios para perfeccionar una propuesta que, en su versión original, fue percibida como una extralimitación de las facultades presidenciales. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al exponer su incapacidad para alinear a sus propios aliados, mientras que los senadores críticos y la oposición ganan poder de veto y capacidad de negociación. La narrativa se construye bajo una tensión entre la urgencia de combatir el crimen organizado, promovida por el Ejecutivo, y la defensa de las libertades individuales y el equilibrio de poderes, bandera que han levantado tanto parlamentarios de oposición como figuras disidentes del oficialismo para frenar la iniciativa.

El Ejecutivo enfrenta dificultades para asegurar los 29 votos necesarios para aprobar su reforma constitucional en seguridad, la cual propone un nuevo estado de excepción de hasta 240 días y mayores facultades presidenciales. Ante la resistencia de senadores clave y críticas sobre la falta de trabajo prelegislativo, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, admitió que esperaban una mejor recepción en el Congreso. La administración ha descartado retirar el proyecto, pero evalúa extender el plazo de discusión mediante una urgencia simple de 30 días para facilitar acuerdos. La propuesta ha generado cuestionamientos transversales, incluyendo a figuras que anteriormente apoyaban al Gobierno, como los senadores Matías Walker y Vanessa Kaiser, quienes han calificado aspectos de la iniciativa como totalitarios o excesivos. Parlamentarios de oposición y del propio oficialismo han señalado que la reforma carece de contrapesos adecuados, especialmente en lo relativo a la interceptación de comunicaciones y la duración de los estados de excepción. El Gobierno busca ahora negociar indicaciones con los partidos de derecha para alinear los votos necesarios en las comisiones de Constitución, Seguridad y Defensa. La estrategia del Ejecutivo se centra en la apertura al diálogo parlamentario, argumentando que la reforma se hace eco de inquietudes ya presentes en otros proyectos legislativos. Mientras el ministro García Ruminot defiende la necesidad de herramientas estatales contra el crimen organizado, el oficialismo ha comenzado a sondear apoyos específicos en el Senado. La tramitación legislativa se mantiene en suspenso mientras se definen las modificaciones que permitirían destrabar la votación en general.

Análisis político

La estrategia del Gobierno refleja una táctica de repliegue táctico ante la fragilidad de sus mayorías parlamentarias, utilizando la flexibilización de los plazos legislativos como una herramienta para evitar una derrota política temprana. Al reconocer errores en el diseño y la falta de socialización previa, el Ejecutivo intenta trasladar la responsabilidad de la construcción del acuerdo hacia los legisladores, presentándolos como colegisladores necesarios para perfeccionar una propuesta que, en su versión original, fue percibida como una extralimitación de las facultades presidenciales. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al exponer su incapacidad para alinear a sus propios aliados, mientras que los senadores críticos y la oposición ganan poder de veto y capacidad de negociación. La narrativa se construye bajo una tensión entre la urgencia de combatir el crimen organizado, promovida por el Ejecutivo, y la defensa de las libertades individuales y el equilibrio de poderes, bandera que han levantado tanto parlamentarios de oposición como figuras disidentes del oficialismo para frenar la iniciativa.