El Ejecutivo chileno atraviesa una crisis política tras revelarse que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. El ministro Fernando Rabat defendió inicialmente la medida como un cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema y un procedimiento administrativo impecable. Sin embargo, la oposición ha calificado la respuesta como tardía e insuficiente, anunciando la preparación de una acusación constitucional contra el secretario de Estado.

Análisis político

La estrategia del Gobierno ha mutado desde una defensa técnica y legalista hacia un control de daños político, donde el subsecretario Gonzalo Arenas ha debido reconocer errores humanos y políticos para intentar contener la arremetida opositora. El Presidente José Antonio Kast ha optado por desmarcarse de la defensa técnica inicial, trasladando el foco hacia una reforma estructural del sistema judicial, lo que evidencia una táctica de supervivencia para evitar que la crisis escale hacia su propia figura. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al mostrarse desalineado internamente y vulnerable ante la presión parlamentaria, mientras que la oposición gana terreno al capitalizar el descontento social por la protección de las víctimas. La narrativa oficialista intenta equilibrar el respeto a la legalidad con la condena moral a los delitos, mientras que la oposición construye un relato de desprecio gubernamental hacia la niñez, forzando al Ejecutivo a sacrificar la coherencia de su discurso inicial para evitar la destitución de su ministro.