Estados Unidos impuso un arancel del 12,5 % a diversas exportaciones colombianas bajo el argumento de la falta de medidas efectivas contra el trabajo forzado. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, responsabilizó directamente al gobierno de Gustavo Petro por una supuesta incapacidad para gestionar a tiempo las regulaciones aduaneras exigidas por Washington. Restrepo anunció que el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, iniciará mesas de trabajo con autoridades estadounidenses para presentar un borrador de decreto que solucione esta problemática. El presidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones y negó cualquier responsabilidad sobre la política arancelaria de Estados Unidos, calificando la medida como una acción unilateral que vulnera los tratados comerciales vigentes. El mandatario sugirió que, para proteger a los exportadores nacionales, se debe buscar una reducción en las tasas de interés del Banco de la República y una disminución en los costos financieros de producción. Asimismo, manifestó su apoyo a la prohibición de importar productos derivados de trabajo forzado, alineándose con el principio de trabajo emancipado. La controversia se intensificó tras revelarse que el Ministerio de Comercio había advertido previamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sobre la necesidad de fortalecer el marco institucional para evitar estas sanciones. Mientras el sector empresarial, representado por gremios como Analdex, advierte sobre la pérdida de competitividad en sectores como flores y confecciones, el gobierno saliente sostiene que la decisión es una política externa ajena a su gestión. La administración entrante busca capitalizar el evento como una muestra de su capacidad de ejecución frente a la gestión saliente.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de confrontación narrativa donde el gobierno entrante busca legitimar su llegada al poder mediante la señalización de la 'incapacidad' administrativa del saliente, utilizando la crisis arancelaria como prueba de gestión deficiente. Por su parte, el presidente Petro emplea una estrategia de defensa basada en la soberanía y la crítica al proteccionismo estadounidense, intentando desplazar la responsabilidad hacia factores externos y proponiendo soluciones de política monetaria interna para desviar el foco de la negligencia administrativa señalada. En este escenario, el gobierno entrante gana capital político al presentarse como el actor resolutivo que ya articula soluciones técnicas con Washington, mientras que el gobierno saliente pierde legitimidad al quedar expuesto por advertencias internas no atendidas. La narrativa se construye bajo una polarización clara: el equipo de De la Espriella se posiciona como el gestor eficiente frente a un gobierno saliente que, según sus críticos, priorizó la ideología sobre la operatividad técnica necesaria para mantener las relaciones comerciales con el principal socio del país.