Gobierno desclasifica archivos del DAS sobre el asesinato de Jaime Garzón
Resumen
El Gobierno Nacional oficializó la desclasificación de los primeros documentos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los que destacan los expedientes relacionados con el asesinato del periodista Jaime Garzón y la desaparición del sindicalista Pedro Movilla. El acto, liderado por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, marca el inicio de la apertura progresiva de más de 57.000 cajas de archivos que permanecían bajo reserva. Esta medida responde al Decreto 1400 de 2025, que busca facilitar el acceso a la verdad histórica sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Los documentos han sido sometidos a procesos técnicos de anonimización y digitalización por parte del Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Inteligencia para proteger datos sensibles. El presidente Petro calificó la apertura como un paso necesario para la reparación de las víctimas y la no repetición de la violencia estatal. Por su parte, el director de la DNI, René Guarín, destacó el uso de un software propio para garantizar la entrega segura de la información a la sociedad. El caso de Jaime Garzón, asesinado en 1999 por sicarios bajo órdenes de las AUC con complicidad de funcionarios del DAS, sigue siendo un símbolo de impunidad que la familia espera esclarecer con estos nuevos insumos probatorios.
Análisis Político
La desclasificación de estos archivos se utiliza como una herramienta de narrativa política para consolidar el legado del gobierno saliente en materia de derechos humanos y verdad histórica. Al vincular al extinto DAS con patrones de violencia estatal, el Ejecutivo refuerza su discurso sobre la necesidad de reformar las instituciones de inteligencia y confrontar las estructuras de poder que operaron durante el conflicto armado. Esta estrategia busca capitalizar el valor simbólico de casos emblemáticos para legitimar la gestión de paz y justicia del actual mandato ante la opinión pública.
En este escenario, las víctimas y los sectores que exigen esclarecimiento judicial resultan ganadores al obtener acceso a información que permaneció oculta por décadas, lo cual podría reactivar procesos legales estancados. Por el contrario, los sectores políticos y exfuncionarios vinculados a las antiguas estructuras de inteligencia pierden terreno al quedar expuestos a un mayor escrutinio público y judicial. La narrativa del Gobierno se construye en oposición a la impunidad del pasado, mientras que sus críticos podrían intentar minimizar el impacto de la medida argumentando que se trata de un gesto tardío o con fines electorales en el cierre de la administración.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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