El Gobierno de Chile descartó categóricamente la posibilidad de convocar a un plebiscito para destrabar la reforma constitucional de seguridad, ante las dificultades para alcanzar los 4/7 de los votos necesarios en el Senado. La idea, que había sido mencionada como una opción por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, generó un intenso debate político y fue rechazada por diversos sectores del oficialismo. Los ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado enfatizaron que el ordenamiento jurídico vigente no contempla un referéndum en esta etapa de la tramitación legislativa. La controversia surgió en un contexto donde el Ejecutivo enfrenta un escenario complejo en el Congreso, con críticas transversales que incluyen tanto a sectores libertarios como al Partido Comunista. Mientras algunos actores políticos sugerían que el plebiscito podría ser una salida disruptiva para presionar por la aprobación de la agenda de seguridad, otros parlamentarios calificaron la propuesta como irresponsable y ajena a la institucionalidad. El Ejecutivo reiteró que su estrategia se centra en el trabajo prelegislativo y en la búsqueda de acuerdos para perfeccionar la iniciativa dentro de las comisiones correspondientes. La postura oficial busca cerrar un flanco de conflicto interno que amenazaba con desgastar la relación con los partidos de la coalición. Las autoridades de Gobierno subrayaron que la agenda contra el crimen organizado avanza con más de 20 proyectos en tramitación, por lo que la reforma constitucional debe seguir su curso natural de debate parlamentario. Con esta aclaración, La Moneda intenta retomar el control de la agenda y evitar que la discusión sobre mecanismos constitucionales desvíe la atención de las prioridades legislativas en materia de seguridad.

Análisis político

La estrategia observada refleja una tensión entre la urgencia del Ejecutivo por avanzar en su agenda de seguridad y las limitaciones institucionales que impone el Congreso. El uso de la idea del plebiscito funciona como una herramienta de presión política para exponer la falta de consenso en la oposición, aunque su inviabilidad jurídica termina debilitando la posición del Gobierno al generar expectativas que no pueden cumplirse. Esta dinámica revela un intento de La Moneda por capitalizar el apoyo ciudadano en temas de seguridad, utilizando la narrativa de la 'voluntad popular' frente a un parlamento percibido como un obstáculo. En este evento, el Gobierno pierde capacidad de maniobra al verse obligado a desmentir una estrategia que, aunque buscaba ser disruptiva, terminó siendo calificada como una 'tontera' por sus propios aliados. Por otro lado, los partidos oficialistas que rechazaron la idea ganan terreno al posicionarse como defensores de la institucionalidad y el debate democrático. La construcción de narrativas se divide entre quienes ven en el plebiscito una solución necesaria ante la crisis de seguridad y quienes, desde una visión más conservadora o institucionalista, prefieren mantener el conflicto dentro de los márgenes del Congreso para evitar la inestabilidad política.

La posibilidad de convocar a un plebiscito para destrabar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo generó un intenso debate político. La idea, mencionada inicialmente por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, buscaba sortear la falta de votos en el Congreso para aprobar la iniciativa. Diversos sectores, incluyendo parlamentarios oficialistas y expertos constitucionalistas, cuestionaron la viabilidad jurídica y la conveniencia política de esta medida, calificándola de inviable bajo el ordenamiento actual. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, desmintió categóricamente que el Gobierno esté evaluando esta opción. La autoridad enfatizó que la administración de José Antonio Kast respeta la institucionalidad vigente y que no existe norma constitucional que permita llamar a un referéndum en esta etapa del proceso legislativo. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, respaldó esta postura, aclarando que el mecanismo no está contemplado para situaciones de rechazo a la idea de legislar. La controversia dejó en evidencia las dificultades del Ejecutivo para avanzar en su agenda de seguridad, marcada por la falta de trabajo prelegislativo y la circulación de borradores que generaron recriminaciones internas. Mientras el Gobierno busca ahora recomponer la relación con sus bancadas mediante reuniones de coordinación, figuras del oficialismo han instado a abandonar la idea del plebiscito para enfocarse en el perfeccionamiento técnico del proyecto en las comisiones parlamentarias.

Análisis político

La estrategia observada refleja una tensión entre la urgencia comunicacional del Ejecutivo por capitalizar el apoyo ciudadano a la agenda de seguridad y la realidad de un Congreso fragmentado. El uso de la idea del plebiscito funciona como un mecanismo de presión política para intentar alinear a las bancadas, aunque su inviabilidad jurídica termina exponiendo las debilidades en la gestión legislativa y la falta de coordinación interna en La Moneda. En este escenario, el Gobierno pierde capital político al mostrarse desordenado y dividido ante su propia base, mientras que los parlamentarios oficialistas que rechazan la medida ganan terreno al posicionarse como defensores de la institucionalidad y el diálogo parlamentario. La narrativa se construye mediante el contraste entre la visión de una 'salida disruptiva' propuesta por sectores republicanos y la necesidad de 'poner la pelota contra el piso' defendida por legisladores que priorizan la tramitación técnica y el consenso.