El Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 0006 de 2026, la cual deroga la norma de 2015 que suspendía la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta medida responde a una promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, quien ha priorizado la lucha contra el narcotráfico mediante el uso de herbicidas. El Gobierno sostiene que la decisión se fundamenta en conceptos de entidades como la EPA, que difieren de la clasificación de la OMS sobre la peligrosidad del químico. La derogatoria no implica la reanudación automática de las fumigaciones aéreas, ya que el Ejecutivo debe cumplir con estrictos requisitos legales y ambientales establecidos por la Corte Constitucional. Entre las condiciones obligatorias se encuentran la expedición de un Plan de Manejo Ambiental por parte de la ANLA, la realización de consultas previas con comunidades étnicas y la obtención de un concepto favorable del Instituto Nacional de Salud. Estas exigencias buscan garantizar la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y la salud pública en las zonas de intervención. El debate público se ha intensificado ante la posibilidad de que el Gobierno implemente el glufosinato de amonio como alternativa al glifosato en un plan piloto. Organizaciones como Indepaz han advertido sobre los riesgos de toxicidad de esta sustancia, mientras que sectores políticos mantienen posturas divididas sobre la eficacia de la aspersión frente a otros métodos de erradicación. La ejecución real del programa dependerá de la capacidad del Estado para superar los filtros judiciales y técnicos vigentes.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en cumplir una promesa de campaña clave para consolidar su narrativa de mano dura contra el narcotráfico, alineándose con presiones internacionales y sectores que consideran la aspersión como una herramienta indispensable. Al derogar la resolución, el Ejecutivo busca desplazar la responsabilidad política hacia los entes técnicos y judiciales, argumentando que el cumplimiento de los requisitos de la Corte Constitucional es el único paso pendiente para retomar la práctica. En este escenario, el Gobierno gana terreno simbólico al eliminar un obstáculo administrativo heredado de la administración anterior, mientras que los críticos y las comunidades étnicas pierden capacidad de veto directo, quedando supeditados a procesos de consulta y evaluación técnica. La construcción de narrativas es divergente: el oficialismo presenta la medida como una acción técnica basada en evidencia científica, mientras que la oposición y organizaciones sociales la enmarcan como una amenaza a la salud y al territorio, centrando el debate en la peligrosidad de los herbicidas utilizados.

El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la Resolución 6 de 2015, la cual mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta medida responde a una promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, quien busca retomar esta estrategia para combatir el narcotráfico. La decisión administrativa elimina el freno legal vigente durante más de una década, aunque no implica la reanudación automática de las operaciones de fumigación desde aeronaves tripuladas. La reactivación del programa está supeditada al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en sentencias previas. El Gobierno debe obtener un Plan de Manejo Ambiental vigente por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), contar con un concepto favorable del Instituto Nacional de Salud y agotar los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas en los territorios de intervención. Estas condiciones buscan garantizar la protección de la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas, puntos que han sido objeto de debate jurídico y científico durante años. El debate político se ha intensificado tras el anuncio, con posturas divididas sobre la eficacia y los riesgos de esta herramienta. Sectores afines al Gobierno defienden la medida como una necesidad para enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos, mientras que sectores críticos advierten sobre los posibles daños ambientales y los efectos en la salud de las poblaciones rurales. El Ejecutivo explora además alternativas técnicas, incluyendo el posible uso de otros herbicidas como el glufosinato de amonio, mientras enfrenta la presión de cumplir con los estándares judiciales para evitar nuevas suspensiones.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en cumplir una promesa de campaña clave para consolidar su narrativa de mano dura contra el narcotráfico, buscando diferenciarse de la política de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al derogar la norma, el Ejecutivo traslada la responsabilidad de la viabilidad del programa a las entidades técnicas y a la Corte Constitucional, intentando legitimar su política mediante el cumplimiento de los requisitos judiciales, aunque esto implique un proceso lento y complejo. El Gobierno gana terreno en su discurso de autoridad frente a sus bases electorales, pero asume un alto costo político al reabrir un conflicto social y ambiental de gran escala. Los sectores de oposición y defensores de derechos humanos pierden la protección administrativa que ofrecía la resolución de 2015, obligándolos a trasladar su resistencia al terreno de la vigilancia técnica y la movilización social. La narrativa se construye bajo una tensión constante: el Gobierno enfatiza la soberanía y la lucha contra el crimen organizado, mientras que sus críticos priorizan el principio de precaución y la protección de los derechos de las comunidades rurales.

El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la Resolución 6 de 2015, la cual mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos desde hace once años. Esta medida responde a una promesa de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, quien busca retomar esta herramienta en la lucha contra el narcotráfico. La decisión administrativa elimina el veto vigente, pero no autoriza el inicio inmediato de las operaciones de fumigación desde aeronaves tripuladas. La reactivación del programa está supeditada al cumplimiento estricto de los requisitos fijados por la Corte Constitucional en sentencias previas. El Gobierno debe obtener un Plan de Manejo Ambiental vigente por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y agotar procesos de consulta previa con comunidades étnicas en las zonas de intervención. Adicionalmente, se requiere un concepto favorable del Instituto Nacional de Salud, que deberá evaluar los riesgos del herbicida considerando posturas científicas contrapuestas sobre su carcinogenicidad. El decreto establece una excepción para territorios sin presencia de comunidades étnicas, donde la Policía Nacional podría solicitar una certificación para omitir la consulta previa, aunque manteniendo espacios de participación para las comunidades campesinas. Mientras el Gobierno justifica la medida basándose en conceptos de agencias internacionales como la EPA, sectores críticos advierten sobre los riesgos ambientales y de salud. Paralelamente, se analiza la posibilidad de implementar otros herbicidas, como el glufosinato de amonio, en planes piloto.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en cumplir una promesa de campaña clave para su base electoral, utilizando la derogatoria como un gesto político de autoridad frente al narcotráfico. Al trasladar la responsabilidad técnica a entidades como la ANLA y el Instituto Nacional de Salud, el Ejecutivo busca blindarse jurídicamente ante las exigencias de la Corte Constitucional, intentando sortear el bloqueo administrativo que impidió la aspersión durante la última década. El ganador político es el sector oficialista, que logra capitalizar un discurso de mano dura, mientras que los movimientos sociales y defensores ambientales se posicionan como los principales opositores al alertar sobre los riesgos de salud y la falta de efectividad de la aspersión. La narrativa del Gobierno se construye bajo la premisa de la soberanía y la lucha contra las economías ilícitas, mientras que la oposición articula su discurso en torno a la protección de la biodiversidad y los derechos de las comunidades rurales, evidenciando una polarización persistente sobre el modelo de seguridad nacional.

El Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 0006 de 2026, mediante la cual se deroga la norma de 2015 que mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta medida responde a una de las promesas de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, quien busca retomar esta herramienta en la lucha contra el narcotráfico. La decisión se fundamenta en conceptos de agencias internacionales que no clasifican al glifosato como carcinogénico, distanciándose de la postura de la Organización Mundial de la Salud. La derogatoria no implica la reactivación inmediata de los vuelos de fumigación, ya que el Gobierno debe cumplir con una ruta jurídica y técnica estricta. Para retomar las operaciones, es necesario que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expida un Plan de Manejo Ambiental vigente y que se agoten los procesos de consulta previa con las comunidades étnicas en las zonas de intervención. El decreto establece que estas condiciones deben cumplirse de manera concurrente para garantizar el respeto a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El anuncio ha generado reacciones divididas en el espectro político nacional. Sectores afines al Gobierno, como el Centro Democrático, celebran la medida como un paso necesario y valiente para combatir a los grupos armados, mientras que figuras como Juan Manuel Galán critican la insistencia en estrategias que consideran ineficaces y agresivas con el medio ambiente. La medida coincide con un fortalecimiento de la cooperación en seguridad con Estados Unidos, tras la reciente visita del jefe del Comando Sur al país.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se centra en el cumplimiento de promesas electorales mediante la eliminación de barreras administrativas heredadas de la administración anterior. Al derogar la resolución de 2015, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de autoridad y alineación con la política de seguridad de Estados Unidos, utilizando la evidencia científica de agencias como la EPA para legitimar su postura frente a la Corte Constitucional. Esta maniobra política permite al Gobierno capitalizar el apoyo de sectores conservadores que exigen mano dura contra el narcotráfico, mientras traslada la responsabilidad técnica y legal a las entidades encargadas de los permisos ambientales. En este escenario, el Gobierno gana terreno en su narrativa de seguridad, pero se expone a un alto costo político si el proceso de consulta previa y los trámites ante la ANLA se dilatan o generan conflictos sociales. Por su parte, la oposición pierde la capacidad de frenar la intención gubernamental en el plano administrativo, viéndose obligada a desplazar su narrativa hacia la defensa de la biodiversidad y la protección de las comunidades. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta la aspersión como una herramienta técnica necesaria para la soberanía y el orden, sus críticos la posicionan como un retroceso ambiental que ignora las lecciones de la última década.