El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, denunció ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que la contratación por prestación de servicios en la entidad aumentó un 595% durante el gobierno de Gustavo Petro. Según el funcionario, este incremento alcanzó un 228% adicional entre 2025 y 2026, periodo que calificó como una estrategia de contratación masiva previa a las elecciones. Ríos señaló que el 84% de estos acuerdos se realizaron mediante contratación directa, una modalidad que, a su juicio, debió ser excepcional. Ante estos hallazgos, la actual administración ordenó frenar la contratación en el Dapre y anunció una auditoría exhaustiva para revisar contrato por contrato. El Gobierno también reportó un aumento del 113% en gastos destinados a eventos, los cuales fueron suspendidos por considerarse ajenos a la misión institucional de la entidad. Como parte de una política de austeridad, se ha ejecutado un recorte del 65% en la contratación de personal y se proyecta una reducción presupuestal significativa para la entidad. El presupuesto del Dapre pasará de una proyección de 4,1 billones de pesos, estimada por la administración anterior, a cerca de 924.000 millones de pesos. El director Ríos afirmó que esta reestructuración permitirá que la entidad funcione como una torre de control enfocada en la coordinación de proyectos de infraestructura y desarrollo. La administración actual sostiene que estas medidas buscan corregir el despilfarro y devolver la eficiencia operativa al Departamento Administrativo de la Presidencia.

Análisis político

La estrategia política del actual Gobierno se centra en la narrativa de la austeridad y la denuncia de irregularidades administrativas para legitimar un recorte presupuestal profundo. Al etiquetar al Dapre como un 'contratadero' electoral, el Ejecutivo busca deslegitimar la gestión de la administración anterior, presentándose ante la opinión pública como un gestor eficiente que prioriza la infraestructura sobre el gasto burocrático. El Gobierno gana capital político al posicionarse como un ente fiscalizador que corrige excesos, mientras que la oposición y los funcionarios del periodo anterior pierden credibilidad ante la exposición de cifras sobre contratación directa y eventos. La narrativa se construye mediante el contraste entre el 'despilfarro' del pasado y la 'austeridad técnica' del presente, utilizando la auditoría como herramienta para consolidar el control sobre la estructura estatal.