El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que será presentado por el Presidente José Antonio Kast, contempla una expansión del gasto público levemente superior al 1%. Esta propuesta marca el primer erario diseñado íntegramente por la actual administración, la cual ha enfatizado la necesidad de corregir errores de ejecución heredados de la gestión anterior. El Ejecutivo priorizará áreas como salud, obras públicas, seguridad y defensa, bajo un escenario de estrechez fiscal que exige un uso eficiente de los recursos públicos. Diversos actores han manifestado preocupación ante posibles recortes, destacando el caso del Servicio Electoral (Servel), cuya presidenta, Pamela Figueroa, advirtió sobre una reducción del 15% que afectaría sus funciones esenciales. Ante esto, el ministro Quiroz y el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, descartaron que existan recortes generalizados, calificando los ajustes como medidas técnicas que no comprometerán la operatividad de las instituciones. Asimismo, el Gobierno mantiene conversaciones con los gobernadores regionales para destrabar reparos sobre la inversión en regiones y la burocracia administrativa. La estrategia del Ejecutivo se fundamenta en la consolidación fiscal y el cumplimiento de los decretos vigentes, utilizando como base de comparación la ejecución real de 2026 en lugar del presupuesto legislado. El ministro de Hacienda destacó que las recientes ratificaciones de la clasificación de riesgo soberano de Chile respaldan el compromiso de la actual administración con la responsabilidad fiscal. El proceso legislativo iniciará formalmente el 5 de octubre con la presentación del Estado de la Hacienda Pública ante la comisión mixta de Presupuestos.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la construcción de una narrativa de responsabilidad fiscal y ordenamiento administrativo, diferenciándose explícitamente de la administración anterior al cuestionar la calidad del gasto previo. Al calificar los ajustes como 'técnicos' y no como 'recortes', el Gobierno busca mitigar el costo político de las restricciones presupuestarias, intentando mantener el apoyo de sectores clave como los gobiernos regionales y organismos autónomos mediante el diálogo directo. El Gobierno gana legitimidad ante los mercados internacionales y las agencias de riesgo al priorizar la consolidación fiscal, lo cual es validado por las recientes clasificaciones de riesgo. Por el contrario, pierde terreno en la percepción de actores institucionales como el Servel, que ven en la austeridad una amenaza a su autonomía y capacidad operativa. La construcción de narrativas se divide entre un Ejecutivo que enfatiza la 'mesura' y la 'eficiencia', frente a organismos que denuncian una desprotección de sus funciones críticas en un contexto de estrechez económica.