Ocho alcaldes de la Región Metropolitana y un grupo de diputados han solicitado formalmente al Gobierno y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) revertir la decisión de postergar el tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda del proyecto Tren Santiago-Melipilla. La medida, que se concretó tras declarar desierta la licitación del segmento, ha generado un fuerte rechazo debido a que el proyecto es una obra esperada por décadas que beneficiaría a cerca de un millón de personas. Las autoridades locales y parlamentarias argumentan que la paralización afecta la calidad de vida de los vecinos, quienes actualmente enfrentan largos tiempos de traslado. Los ediles de comunas como Maipú, Estación Central y Melipilla, entre otras, sostienen que el compromiso estatal no debe ser desconocido por razones de estrechez fiscal o cambios de prioridades administrativas. Según los alcaldes, el tramo postergado contaba con cuatro ofertas válidas y su modificación podría generar sobrecostos, además de impactar negativamente en la rentabilidad social y la generación de empleo. Asimismo, han manifestado su disposición para alcanzar acuerdos sobre los cobros por el uso de bienes nacionales de uso público, factor que EFE señaló como una de las causas del encarecimiento del proyecto. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, se sumó a las críticas calificando la decisión como injustificable y advirtiendo sobre un patrón de interrupción de obras públicas entre administraciones. Ante este escenario, los alcaldes han solicitado la creación de una mesa de trabajo urgente con el Ministerio de Transportes y EFE para destrabar la iniciativa. Por su parte, los diputados han presentado oficios para exigir explicaciones detalladas sobre el cambio de rumbo, subrayando la contradicción entre la relevancia estratégica otorgada al proyecto por el Ejecutivo y la reciente suspensión de las obras.

Análisis político

La estrategia política observada es una articulación transversal de autoridades locales y parlamentarias que busca elevar el costo político de la decisión gubernamental, apelando a la continuidad de las políticas de Estado frente a los cambios de administración. Al unificar a alcaldes de distintos sectores políticos, se construye una narrativa de defensa de la ciudadanía y de la eficiencia en la inversión pública, posicionando al Gobierno como el responsable de una interrupción que perjudica directamente la calidad de vida de un millón de habitantes. En este evento, los alcaldes y el gobernador ganan legitimidad al presentarse como defensores de los intereses territoriales frente a una decisión centralizada, mientras que el Gobierno y EFE pierden capital político al ser cuestionados por la falta de comunicación formal y la aparente improvisación en la gestión de una obra emblemática. La narrativa de los ediles se centra en la estabilidad y la confianza en el Estado, contrastando con la justificación técnica de estrechez fiscal esgrimida por la administración central, lo que profundiza la brecha de percepción entre las necesidades locales y las prioridades del Ejecutivo.

Ocho alcaldes de la Región Metropolitana emplazaron al Gobierno tras la decisión de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de declarar desierta la licitación y postergar el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda. Los jefes comunales argumentan que esta medida afecta a más de un millón de personas que dependen de la obra para reducir sus tiempos de traslado, los cuales actualmente superan las dos horas diarias. La paralización del proyecto, que ya se encontraba en fase de ejecución, ha generado un fuerte rechazo por parte de las autoridades locales. Los ediles sostienen que el proyecto es un compromiso de Estado que trasciende administraciones y que no debe ser alterado por estrechez fiscal o cambios de prioridades gubernamentales. Advirtieron que la modificación podría derivar en sobrecostos, una sobrecarga en la estación Lo Errázuriz y una disminución en la rentabilidad social de la infraestructura. Además, cuestionaron la falta de comunicación formal por parte de EFE, señalando que se enteraron de la decisión a través de la prensa. Para destrabar el conflicto, los alcaldes propusieron instalar una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Transportes y EFE, ofreciendo disposición para acordar mitigaciones respecto a los cobros por uso de bienes nacionales. El gobernador metropolitano se sumó a las críticas, calificando la interrupción como un patrón preocupante de abandono de proyectos de largo plazo. La solicitud busca asegurar el financiamiento necesario para completar el trazado original hasta el centro de Santiago.

Análisis político

La estrategia de los alcaldes se basa en la presión coordinada y transversal, utilizando la legitimidad de representar a un millón de ciudadanos para elevar el costo político de la decisión gubernamental. Al enmarcar el proyecto como un 'compromiso de Estado' que trasciende gobiernos, los ediles buscan blindar la obra frente a los ajustes presupuestarios de la actual administración, posicionándose como defensores de la continuidad institucional y la eficiencia en la inversión pública. El Gobierno central pierde capital político al ser percibido como una administración que interrumpe obras de alto impacto social, mientras que los alcaldes y el gobernador regional ganan visibilidad al liderar una demanda ciudadana concreta. La narrativa del Ejecutivo se centra en la optimización de recursos y la gestión técnica, mientras que la oposición local construye una narrativa de abandono y falta de planificación, lo que profundiza la desconfianza en la capacidad del Estado para cumplir con sus promesas de infraestructura a largo plazo.