Dos hombres de 22 años fallecieron tras ser baleados por personal de Carabineros durante una persecución que se inició en el sector de Las Dunas, en Lo Espejo, y concluyó en la comuna de Cerrillos. El procedimiento comenzó cuando los sujetos evadieron un control policial rutinario, lo que derivó en un seguimiento que terminó cuando el vehículo de los individuos fue rodeado por patrullas. Según la versión policial, el conductor intentó atropellar a los funcionarios tras impactar un vehículo institucional, lo que motivó el uso de armas de fuego por parte de los uniformados. El subcomisario de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Víctor Monje, confirmó que los fallecidos eran de nacionalidad chilena y que uno de ellos mantenía tres órdenes de detención pendientes por delitos de receptación y robo. Las autoridades descartaron que existiera un intercambio de disparos durante el incidente y precisaron que el vehículo no contaba con encargo por robo. La investigación del suceso fue instruida a la PDI para esclarecer la dinámica exacta de los hechos y la trayectoria de los disparos. Familiares de los jóvenes fallecidos cuestionaron la versión oficial, negando que hubiera existido un intento de atropello contra los policías o que los ocupantes portaran armas. Argumentaron que la huida se debió al temor del conductor por sus causas judiciales pendientes y señalaron que los impactos de bala se concentraron en los costados del vehículo. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, defendió el actuar institucional, enfatizando que la evasión de controles busca eludir la justicia y que la institución mantendrá sus esfuerzos en zonas de alta complejidad.

Análisis político

El evento refleja una estrategia de mano dura y presencia policial intensificada en zonas críticas de la Región Metropolitana, exacerbada por el reciente asesinato de un funcionario policial en el mismo sector. La narrativa oficial se centra en la legitimidad del uso de la fuerza ante la evasión de la autoridad, posicionando la persecución como una respuesta necesaria frente a la delincuencia que busca eludir la justicia. Esta postura busca reafirmar la autoridad institucional en un contexto de alta demanda ciudadana por seguridad. En este escenario, el gobierno y Carabineros ganan legitimidad ante sectores que exigen mayor firmeza, pero pierden terreno en la percepción de derechos humanos al enfrentar cuestionamientos de las familias sobre la proporcionalidad del uso de armas. La construcción de narrativas es divergente: mientras la policía enfatiza el riesgo inminente y la peligrosidad de los sujetos, los familiares intentan desmitificar la amenaza, transformando el hecho en un caso de posible abuso policial. La resolución de esta tensión dependerá de los peritajes de la PDI, que determinarán si el uso de la fuerza fue ajustado a los protocolos vigentes.