El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa propone eliminar la facultad del organismo para interponer querellas criminales, reemplazándola por denuncias institucionales, además de reducir su Consejo de 11 a cinco integrantes. Rabat justificó estos cambios señalando que, durante el estallido social, el INDH presentó 3.263 querellas de las cuales solo 68 tuvieron resultados judiciales, calificando esta gestión como un abuso de la acción penal. La propuesta ha generado un intenso debate político entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar la gobernanza, fortalecer la transversalidad y evitar duplicidades con el Ministerio Público, sectores opositores y el director del INDH, Yerko Ljubetic, han calificado la medida como un retroceso autoritario. Los críticos argumentan que el proyecto busca desmantelar la capacidad fiscalizadora del Estado y erosionar la autonomía de la institución al centralizar su funcionamiento en Santiago. La tramitación legislativa se desarrolla en un clima de alta tensión, con parlamentarios de oposición exigiendo el retiro de la urgencia legislativa y denunciando una intención ideológica detrás de los cambios. Por su parte, algunos sectores oficialistas han manifestado posturas aún más radicales, sugiriendo incluso la eliminación total del organismo a través de la ley de Presupuesto. El Ejecutivo insiste en que el proyecto mantiene facultades esenciales como los recursos de amparo y protección, además de incorporar la figura del amicus curiae.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la deslegitimación del rol histórico del INDH durante el estallido social, utilizando datos estadísticos sobre la baja efectividad de las querellas para construir una narrativa de 'abuso institucional'. Al enmarcar la reforma como una modernización técnica y de gobernanza, el Ejecutivo intenta desplazar el foco desde la protección de derechos humanos hacia la eficiencia administrativa, buscando alinear al organismo con una visión de Estado que prioriza la autonomía del Ministerio Público en la persecución penal. En este escenario, el Gobierno gana terreno al imponer su agenda de reestructuración institucional, aprovechando su mayoría en la comisión legislativa para avanzar en una reforma que debilita la capacidad de acción directa del INDH. Por el contrario, la oposición y la actual dirección del instituto pierden influencia, quedando relegados a una postura defensiva donde denuncian un retroceso democrático. La construcción de narrativas es polarizada: mientras el oficialismo presenta el cambio como una recuperación de la transversalidad, la oposición lo etiqueta como un desmantelamiento autoritario, evidenciando una profunda fractura sobre el rol del Estado en la defensa de los derechos fundamentales.