El Ministerio de Educación publicó un borrador de decreto que busca modificar el Decreto 1075 de 2015, permitiendo que entidades privadas y organizaciones religiosas administren colegios oficiales por periodos de hasta 12 años. La iniciativa pretende diferenciar entre la prestación directa del servicio educativo por parte del Estado y la colaboración de terceros en la administración escolar. El Gobierno argumenta que esta medida busca solucionar vacíos legales y optimizar la cobertura y calidad educativa en zonas donde la red pública presenta insuficiencias. La propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de Fecode y sectores de la oposición, quienes denuncian una posible privatización de la educación pública y una vulneración a la separación entre Iglesia y Estado. El expresidente Gustavo Petro calificó la iniciativa como un modelo de intermediación similar al del sistema de salud, advirtiendo sobre riesgos de corrupción y precarización laboral docente. Los críticos señalan que el artículo quinto del borrador facilitaría la promoción doctrinal en las aulas, alejándose de la administración integral que históricamente han realizado organizaciones educativas. La ministra de Educación, Viviane Morales, defendió el proyecto asegurando que no crea figuras nuevas, sino que reglamenta disposiciones existentes desde la Ley 115 de 1994. Según la funcionaria, la colaboración con confesiones religiosas cuenta con respaldo de la Corte Constitucional y no implica la privatización del sistema. Actualmente, el documento se encuentra en fase de consulta pública, permitiendo que diversos actores presenten observaciones antes de su posible expedición oficial.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la tecnificación de la gestión educativa para resolver problemas de cobertura, utilizando la figura de la concesión como una herramienta de eficiencia administrativa. Al enmarcar la propuesta en la continuidad normativa y el respaldo constitucional, el Ministerio intenta neutralizar las críticas ideológicas, aunque la presencia de iglesias en el ámbito pedagógico actúa como un catalizador de polarización política que moviliza a los sindicatos docentes. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra operativa en territorios con déficit de infraestructura, pero pierde capital político ante el gremio docente y la oposición, quienes logran capitalizar el descontento bajo la narrativa de defensa de lo público. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo presenta el decreto como una solución técnica a vacíos legales, sus detractores lo posicionan como una amenaza a la laicidad y un mecanismo de privatización que favorece intereses particulares.

El Ministerio de Educación publicó un proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 1075 de 2015 para reglamentar la administración de colegios oficiales por parte de terceros. La propuesta permite que entidades privadas y organizaciones religiosas operen establecimientos educativos mediante contratos de hasta 12 años, bajo el argumento de fortalecer la gestión y ofrecer herramientas a las entidades territoriales. La ministra Viviane Morales ha defendido la iniciativa asegurando que no se trata de una privatización, sino de una precisión jurídica sobre modelos de administración que ya existen y cuentan con respaldo constitucional. La propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de sectores sindicales como Fecode y figuras políticas de oposición, quienes califican la medida como una forma de precarización laboral y privatización encubierta. Los críticos argumentan que el proyecto vulnera la estabilidad de los docentes al someterlos a regímenes laborales privados y cuestionan la legalidad de ampliar la participación de entidades religiosas en la educación pública. Según los detractores, esta normativa permitiría que recursos públicos sean gestionados por intermediarios, debilitando el control estatal sobre el servicio educativo. El Ministerio sostiene que la entidad territorial conservará siempre la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio, manteniendo el carácter oficial de los colegios. Actualmente, el documento se encuentra en fase de consulta pública para recibir observaciones de la ciudadanía y diversos actores del sector. La discusión se centra en la distinción jurídica entre la prestación directa del servicio por parte del Estado y la administración delegada a terceros, un punto que el Gobierno busca clarificar para evitar cierres de instituciones.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se basa en la tecnificación de la gestión educativa, utilizando la figura de la 'administración delegada' para intentar resolver vacíos legales que han dificultado la renovación de contratos en el pasado. Al enmarcar la propuesta como una continuidad de normas vigentes desde 1994, la ministra Morales busca desarticular la narrativa de 'privatización' que ha sido el eje central de la oposición. Sin embargo, la inclusión de organizaciones religiosas y la extensión de contratos a 12 años exponen al Ejecutivo a un desgaste político significativo, al tocar fibras sensibles sobre la laicidad del Estado y los derechos laborales del magisterio. En este escenario, el Gobierno corre el riesgo de perder el control de la narrativa frente a una oposición que capitaliza el descontento sindical para movilizar a la opinión pública. Mientras el Ejecutivo gana una herramienta administrativa para gestionar la infraestructura escolar, pierde capital político al ser percibido como un actor que favorece intereses privados y confesionales. Por su parte, Fecode y la oposición se posicionan como los defensores de la educación pública, logrando aglutinar a diversos sectores bajo una narrativa de resistencia contra la precarización, lo que complica la viabilidad política del decreto en su fase de consulta.