El presidente Abelardo de la Espriella oficializó la salida de Wilmar de Jesús Mejía de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) mediante el decreto 1289. Aunque Mejía había presentado su renuncia voluntaria previamente, el Ejecutivo optó por la declaratoria de insubsistencia para formalizar su retiro inmediato. Esta decisión pone fin a una gestión marcada por la controversia desde su nombramiento en abril de 2026 bajo la administración de Gustavo Petro. La permanencia de Mejía en el cargo había generado un intenso rechazo político y social debido a investigaciones disciplinarias en su contra. El exfuncionario fue señalado por presuntos nexos con alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, y por supuestamente filtrar información confidencial de inteligencia. Adicionalmente, enfrentaba denuncias penales por abuso de funciones y revelación de secretos tras la exposición pública de informes de inteligencia financiera durante un Consejo de Ministros. El Gobierno ha anunciado una reestructuración de la entidad como parte de su estrategia integral de seguridad. La nueva dirección de la UIAF será asumida por la exfiscal Marta Lurreyes, quien tendrá acceso a información bancaria y trabajará en coordinación con la Policía y el sistema financiero. Con este relevo, la administración busca recuperar la confianza institucional en una entidad estratégica para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Análisis político

La salida de Mejía responde a una estrategia de control de daños y legitimación institucional por parte del nuevo Gobierno. Al declarar la insubsistencia en lugar de aceptar la renuncia, el presidente De la Espriella marca una ruptura simbólica y administrativa con la gestión anterior, distanciándose de un funcionario cuestionado por sus vínculos con grupos armados ilegales y su falta de idoneidad técnica. Esta acción permite al Ejecutivo capitalizar el descontento público y presentar un cambio de rumbo en la inteligencia financiera. El Gobierno gana legitimidad al remover a un actor señalado por presuntas irregularidades, mientras que el sector político afín al expresidente Petro pierde una pieza clave en organismos de inteligencia. La narrativa oficial se construye bajo la premisa de la depuración y la eficiencia técnica, contrastando con la versión de Mejía, quien intentó justificar su permanencia como un acto de responsabilidad administrativa para garantizar un empalme ordenado. La disputa refleja la tensión entre la continuidad burocrática y la necesidad política de renovar las cúpulas de seguridad del Estado.