El presidente Abelardo de la Espriella formalizó mediante las resoluciones 390 y 391 de 2026 la revocatoria de los delegados gubernamentales en las mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo). Esta decisión administrativa pone fin a los equipos negociadores que representaban al Estado en los espacios de conversación instalados durante la administración anterior. El Ejecutivo argumentó que el proceso con el ELN presentaba un deterioro progresivo desde febrero de 2024, cuando el grupo armado decidió congelar las conversaciones sin alcanzar avances significativos. Adicionalmente, la Resolución 389 ordenó el cierre definitivo de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo, programado para el 30 de septiembre. Esta medida implica el desmantelamiento de los esquemas colectivos de ubicación y la transición hacia un modelo de reintegración individual para los excombatientes. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar un plan interinstitucional con entidades como la ARN y Migración Colombia para gestionar el cierre de este espacio. El mandatario calificó a los grupos armados como organizaciones terroristas y narcotraficantes, reiterando su compromiso de campaña de finalizar la política de Paz Total. Bajo esta nueva directriz, el Gobierno sostiene que los actores ilegales no recibirán estatus político ni contemplaciones, priorizando el sometimiento a la justicia y el uso de la fuerza legítima del Estado. Estas acciones marcan un giro radical en la estrategia de seguridad y paz del país, dejando atrás los mecanismos de negociación colectiva heredados del gobierno de Gustavo Petro.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de De la Espriella se fundamenta en una ruptura narrativa que despoja a los grupos armados de su carácter político para tratarlos exclusivamente como estructuras criminales. Al revocar las delegaciones y cerrar las zonas de ubicación, el Ejecutivo busca consolidar una imagen de autoridad y cumplimiento de promesas electorales, utilizando la discrecionalidad presidencial para desmantelar el legado de su antecesor. Esta maniobra política busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la percepción de impunidad y el estancamiento de los diálogos previos. En este escenario, el Gobierno se posiciona como el actor que impone el orden, mientras que los grupos armados y los sectores políticos que apoyaron la Paz Total pierden capacidad de interlocución y legitimidad institucional. La narrativa oficial construye un contraste entre el 'desgreño administrativo' del pasado y una nueva política de seguridad basada en la presión militar y judicial. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del Estado para contener la violencia en los territorios tras el cierre de los canales de comunicación y la transición hacia el sometimiento individual.