El gobierno de Abelardo de la Espriella emitió la Circular 01 de 2026, estableciendo una hoja de ruta obligatoria para que ministros y funcionarios denuncien irregularidades detectadas en la administración anterior. La directriz enfatiza que el vencimiento de los plazos de empalme no exime a los servidores públicos de su deber de documentar y trasladar hallazgos a las autoridades competentes. Esta medida busca asegurar la trazabilidad de contratos, bases de datos y correos institucionales para facilitar investigaciones fiscales, penales o disciplinarias. El presidente De la Espriella ha vinculado esta ofensiva anticorrupción con la seguridad nacional, comparando la persecución de funcionarios corruptos con la lucha contra grupos armados. Durante la posesión del nuevo Contralor General, Jorge Eliécer Laverde, el mandatario solicitó la creación de un grupo élite dentro de la Contraloría para rastrear presuntos desvíos de recursos y contratos amañados del gobierno de Gustavo Petro. El jefe de Estado reiteró que su administración no tolerará actos de corrupción, advirtiendo que cualquier funcionario de su propio gobierno que se vea involucrado en escándalos deberá responder ante la justicia. La estrategia gubernamental se centra en la recolección de pruebas objetivas y el traslado inmediato de información a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Aunque el Ejecutivo impulsa estas investigaciones, la circular aclara que la Presidencia no tiene facultades para juzgar, delegando esa responsabilidad exclusivamente a los entes de control. La administración busca marcar una ruptura con las prácticas del pasado, insistiendo en que la transparencia debe ser transversal y sin distinciones políticas.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella utiliza la lucha contra la corrupción como un eje central de legitimación política, buscando capitalizar el descontento ciudadano frente a la administración saliente. Al igualar la corrupción con el terrorismo, el mandatario construye una narrativa de 'limpieza institucional' que le permite justificar una revisión exhaustiva de los archivos estatales, mientras proyecta una imagen de rigor ético que busca blindar su propia gestión ante posibles escándalos futuros. El gran ganador de este evento es el Ejecutivo, que logra posicionar una agenda de control y fiscalización que presiona a los entes autónomos, como la Contraloría, a alinearse con sus prioridades investigativas. Por el contrario, los funcionarios y aliados del gobierno anterior pierden terreno político al quedar bajo un escrutinio permanente y centralizado. La narrativa se construye mediante la contraposición entre el 'cambio' prometido por el actual gobierno y el 'festín de la corrupción' atribuido a la administración Petro, consolidando una polarización que traslada el debate público hacia el terreno judicial.

El gobierno de Abelardo de la Espriella emitió la Circular 01 de 2026, instruyendo a sus ministros y directores de entidades a documentar y denunciar ante las autoridades competentes cualquier hallazgo de corrupción detectado tras el proceso de empalme. La directriz enfatiza que el vencimiento de los plazos legales para revisar las actas de entrega no exime a los funcionarios de su deber de reportar irregularidades, ni convalida posibles actos ilícitos previos. Esta medida busca asegurar la trazabilidad de contratos, bases de datos y registros contables para facilitar las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. Durante la posesión del nuevo contralor general, Jorge Eliécer Laverde, el presidente De la Espriella solicitó formalmente la creación de un grupo élite dentro de la Contraloría para investigar el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro. El mandatario calificó la gestión anterior como un periodo de saqueo y desgobierno, comparando la lucha contra la corrupción con la ofensiva contra grupos armados. Aseguró que su administración no tolerará impunidad y que los hallazgos documentados en el denominado Libro de la verdad deben ser procesados con rigor por los entes de control. La advertencia del presidente también se extendió a los funcionarios de su propio gabinete, advirtiendo que cualquier miembro de su gobierno involucrado en escándalos será retirado de su cargo y deberá responder ante la justicia. Aunque el Ejecutivo busca una articulación estrecha con la Contraloría, el mandatario aclaró que la función de este organismo debe ser técnica y no política, evitando persecuciones selectivas. Laverde, por su parte, asumió el compromiso de implementar una vigilancia especializada sobre los recursos de la nación, iniciando su gestión el 1 de septiembre.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de De la Espriella se fundamenta en la judicialización de la gestión anterior como eje central de su narrativa de cambio y legitimidad. Al equiparar la corrupción con el terrorismo, el presidente busca movilizar a su base electoral y justificar una intervención profunda en las instituciones, utilizando la figura del 'Libro de la verdad' como un instrumento de presión política sobre los entes de control para que actúen con celeridad. En este escenario, el presidente gana capital político al presentarse como un fiscalizador implacable que cumple sus promesas de campaña, mientras que el sector político afín al gobierno de Petro pierde terreno al quedar bajo el escrutinio constante de las nuevas investigaciones. La narrativa se construye mediante una dicotomía clara: el actual gobierno se posiciona como el salvador del patrimonio público frente a un pasado señalado como un 'festín de corrupción', trasladando la responsabilidad de las sanciones a los organismos autónomos para mantener una apariencia de respeto a la institucionalidad.