El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento de aproximadamente 60 billones frente al proyecto inicial radicado por la administración de Gustavo Petro. El Ejecutivo justificó este aumento como un ejercicio de sinceramiento fiscal para incluir gastos obligatorios que, según el actual gabinete, fueron omitidos deliberadamente por el gobierno anterior, tales como pensiones, salud, salarios públicos y subsidios al combustible. La propuesta ha generado una fuerte controversia política y técnica debido a su alta dependencia del endeudamiento público para cubrir el déficit. Mientras el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sostiene que el ajuste es necesario para corregir la realidad financiera del país y atender la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, analistas y el expresidente Petro cuestionan la sostenibilidad de esta estrategia. El exmandatario calificó el presupuesto como una muestra de improvisación que prioriza el crédito sobre la inversión productiva y desmiente las promesas de austeridad del nuevo gobierno. En paralelo, la situación ha escalado al ámbito judicial con la presentación de una denuncia penal contra el exministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros exfuncionarios. La acusación, impulsada por sectores afines al gobierno actual, señala presuntas inconsistencias y omisiones deliberadas en la formulación del presupuesto previo. Por su parte, el presidente De la Espriella ordenó una revisión integral de la estructura estatal para reducir duplicidades y burocracia, buscando un Estado más eficiente ante la presión fiscal heredada.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella se basa en la construcción de una narrativa de 'herencia maldita', donde el aumento del gasto se presenta como una corrección técnica necesaria ante la supuesta irresponsabilidad fiscal de la administración Petro. Al judicializar la gestión anterior, el gobierno busca legitimar su propio incremento presupuestal y preparar el terreno político para una futura reforma tributaria o 'ley de rescate', trasladando el costo político de los ajustes a la gestión saliente. En este escenario, el gobierno gana al posicionarse como el actor que 'dice la verdad' sobre las finanzas, pero pierde margen de maniobra al contradecir sus promesas de campaña de reducir el tamaño del Estado. Por su parte, el Pacto Histórico intenta capitalizar la contradicción entre el discurso de austeridad y el aumento real del presupuesto, buscando demostrar que la nueva administración carece de un plan económico propio y depende de las mismas herramientas de endeudamiento que antes criticaban.