Gobierno de De La Espriella radica presupuesto de 634 billones tras denunciar ocultamiento de gastos
Resumen
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso un proyecto de presupuesto para 2027 por 634,9 billones de pesos, cifra superior a los 575,7 billones devueltos previamente por el legislativo. El Ejecutivo justificó este incremento señalando que la administración anterior, liderada por Gustavo Petro, presentó cifras incompletas al omitir gastos obligatorios en salud, pensiones, salarios y servicio de la deuda. Esta revelación, denominada por el Gobierno como el "presupuesto de la verdad", busca sincerar las cuentas públicas ante un déficit fiscal proyectado que escalaría al 9,4% del PIB en 2027.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció simultáneamente un recorte de 21,9 billones de pesos en el presupuesto de 2026 para reducir el déficit fiscal del 8,2% al 7,2%. Para financiar el faltante de 60 billones en el proyecto de 2027, el Gobierno prepara una "ley de rescate" que deberá ser estudiada de forma concatenada con el presupuesto. Expertos y analistas advierten que la magnitud del desequilibrio fiscal es más severa de lo previsto, lo que podría obligar al país a buscar acuerdos de financiamiento con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.
La propuesta ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y económico, con sectores que aplauden la transparencia en las cifras pero alertan sobre la gravedad de la situación financiera. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que, de aprobarse el proyecto en sus términos actuales, la situación fiscal podría agravarse, elevando la deuda al 67% del PIB. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el reto de tramitar estas iniciativas en un Congreso dividido, donde el Pacto Histórico mantiene una presencia legislativa significativa.
Análisis Político
La estrategia del gobierno de De La Espriella se centra en la construcción de una narrativa de "herencia maldita", utilizando el "sinceramiento" de las cifras como un mecanismo para deslegitimar la gestión económica del expresidente Petro y justificar medidas de austeridad impopulares. Al etiquetar el presupuesto anterior como "mentiroso" o "falso", el Ejecutivo busca trasladar el costo político de los ajustes fiscales y el posible endeudamiento externo hacia la administración saliente, consolidando una base de confianza con los mercados internacionales a costa de una mayor polarización interna.
En este escenario, el Gobierno gana legitimidad técnica ante los inversionistas y organismos multilaterales al mostrarse como un gestor responsable, pero pierde margen de maniobra política en el Congreso, donde la magnitud del ajuste y la necesidad de nuevos impuestos o recortes profundos amenazan la gobernabilidad. Por su parte, la oposición del Pacto Histórico se beneficia al capitalizar el descontento social derivado de los recortes, mientras que figuras aliadas al Gobierno, como el senador Carlos Meisel, evidencian la tensión entre el apoyo político al nuevo mandato y la incertidumbre técnica que genera la magnitud de la crisis fiscal revelada.
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