El presidente Abelardo de la Espriella anunció en Barranquilla una nueva estrategia de seguridad que clasifica a todos los grupos armados ilegales como terroristas, eliminando distinciones previas en el tratamiento estatal. Esta política incluye la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la extorsión y una mayor articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la UIAF para perseguir las finanzas criminales. El mandatario enfatizó que la Fuerza Pública debe actuar como un cuerpo unificado para combatir delitos como el secuestro, el microtráfico y el préstamo gota a gota. En paralelo, el jefe de Estado ordenó a Migración Colombia y a la Policía iniciar operativos inmediatos para identificar y deportar a extranjeros en situación irregular. La prioridad de estas acciones recaerá sobre aquellos migrantes que presuntamente cometan delitos en el territorio nacional. De la Espriella calificó estas medidas como decisiones políticas y administrativas que asume personalmente, bajo la premisa de priorizar la seguridad de los ciudadanos colombianos. La estrategia también contempla la reactivación de sistemas de recompensas, redadas, redes de cooperantes y traslados carcelarios urgentes para desarticular centros de operaciones criminales. El Gobierno busca convertir a Barranquilla en un laboratorio de seguridad mediante el uso de tecnología y la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces. Estas acciones responden a un balance inicial de gestión que reporta más de 1.500 capturas y la incautación de toneladas de estupefacientes en las primeras semanas de gobierno.

Análisis político

La estrategia de De la Espriella se fundamenta en una narrativa de mano dura que busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, consolidando una imagen de autoridad centralizada. Al eliminar las categorías diferenciadas para los grupos armados, el Gobierno intenta simplificar el discurso público y legitimar el uso de toda la capacidad estatal sin las restricciones que imponían los diálogos o clasificaciones previas. Esta postura busca ganar el respaldo de sectores que exigen resultados inmediatos, mientras desplaza la responsabilidad de la crisis de seguridad hacia la gestión de la migración y la falta de unidad institucional anterior. En este escenario, el presidente se posiciona como el principal ganador al proyectar una imagen de ejecutor implacable, mientras que los grupos criminales y los sectores políticos que abogaban por un tratamiento diferenciado para las organizaciones armadas pierden margen de maniobra. La narrativa de 'primero los colombianos' construye una clara división entre el ciudadano nacional y el migrante, lo cual le permite al Ejecutivo desviar la atención de problemas estructurales hacia un enemigo externo o irregular. Esta construcción política busca blindar al Gobierno ante críticas sobre derechos humanos, presentándolas como intentos de sectores específicos por proteger a 'bandidos'.