El presidente Abelardo de la Espriella anunció la presentación de un Estatuto Antiterrorista ante el Congreso, diseñado para endurecer la respuesta estatal contra grupos armados y organizaciones criminales. La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Terroristas, el cual permitiría al Ejecutivo congelar bienes, restringir la contratación estatal y aplicar sanciones severas por el uso de drones en ataques. El mandatario argumentó que la legislación actual es insuficiente y comparó la inseguridad con una pandemia que requiere medidas extraordinarias de control.

Análisis político

La estrategia del gobierno se centra en la consolidación de una narrativa de 'mano dura' que busca capitalizar el descontento ciudadano frente a la inseguridad, utilizando un lenguaje de urgencia que equipara la delincuencia con una crisis de salud pública. Al proponer un registro administrativo de terroristas, el Ejecutivo intenta desplazar el centro de gravedad de la toma de decisiones desde el poder judicial hacia el Consejo de Seguridad Nacional, expandiendo así su capacidad de acción directa y punitiva sin mediación de jueces. En este escenario, el gobierno gana terreno al posicionarse como el actor que toma medidas concretas, mientras que la oposición y diversos expertos pierden capacidad de maniobra al ser señalados por el oficialismo como defensores de la ambigüedad. La construcción de esta narrativa permite al presidente diferenciar claramente entre la protesta social legítima y el 'terrorismo urbano', utilizando el decreto de protesta como un complemento táctico para deslegitimar los bloqueos y consolidar su autoridad frente a la movilización social.