El Presidente José Antonio Kast presentó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, integrada por 12 especialistas de diversas trayectorias. Este grupo tendrá un plazo de 120 días para elaborar propuestas técnicas que permitan reformular el funcionamiento del Estado y mejorar la gestión de sus trabajadores. El Ejecutivo busca que estas recomendaciones sirvan de base para un proyecto de ley que pueda tramitarse durante el actual periodo de gobierno. La instancia destaca por su composición transversal, incluyendo a exautoridades de la administración de Gabriel Boric, como Macarena Lobos y Heidi Berner, junto a expertos en derecho administrativo, economía y tecnología. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó que el objetivo es adaptar los esquemas laborales a los desafíos de la inteligencia artificial y el cruce de datos. El Presidente Kast subrayó que el proceso no será a puertas cerradas y que se recogerán las visiones de parlamentarios y asociaciones gremiales. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) manifestó su disposición a participar en la mesa de trabajo para aportar la experiencia de los funcionarios. El Mandatario reconoció que, aunque existe un diagnóstico técnico previo, los beneficios de esta reforma serán de largo plazo y trascenderán a su propia gestión. La iniciativa se desarrolla en un contexto donde el Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre riesgos en la deuda pública, mientras el precio del cobre alcanza niveles récord.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en la construcción de una narrativa de transversalidad técnica para legitimar una reforma estructural del Estado, evitando la polarización al integrar figuras de administraciones previas. Al delegar el diseño en una comisión de expertos, el gobierno busca blindar la propuesta frente a críticas políticas inmediatas, posicionando la modernización como una necesidad de Estado y no como una agenda ideológica, lo cual facilita la futura negociación legislativa. El Gobierno gana al proyectar una imagen de gestión responsable y apertura al diálogo con los gremios, mientras que la ANEF gana legitimidad al ser incluida formalmente en la mesa de trabajo. Por otro lado, el riesgo político recae en la capacidad de la comisión para equilibrar las expectativas de eficiencia fiscal con las demandas laborales de los funcionarios, un punto de fricción histórico en la política chilena que podría desgastar la propuesta si no se logra un consenso real durante los 120 días de plazo.