El Gobierno Nacional anunció la congelación de los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM durante el mes de septiembre de 2026. Esta medida, adoptada conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, busca aliviar la carga económica de los hogares y facilitar la logística de ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto. La decisión entró en vigor el 29 de agosto y se mantendrá vigente durante todo el mes. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, enfatizó que el objetivo principal es evitar que el costo del transporte de alimentos, medicamentos y suministros esenciales recaiga sobre las familias damnificadas. El Ejecutivo proyecta que esta estabilidad en los precios generará un ahorro de 152.600 millones de pesos para la Nación al cierre de 2026, siempre que las condiciones del mercado y la tasa de cambio se mantengan estables. Asimismo, las autoridades solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio intensificar la vigilancia en las estaciones de servicio para garantizar el cumplimiento de los precios. El Gobierno justificó la viabilidad de esta medida mediante la actualización de los indicadores de precios de los combustibles. En contraste, el Ejecutivo señaló que la administración anterior omitió actualizar dichos indicadores entre mayo y agosto de 2026, lo que habría impedido un ahorro previo de 58.000 millones de pesos. Aunque los precios de referencia se mantienen, el valor final al consumidor puede variar según los costos de distribución e impuestos municipales.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se centra en capitalizar la gestión de la crisis humanitaria mediante una medida de alivio directo al bolsillo de los ciudadanos, proyectando una imagen de solidaridad y control sobre la cadena logística. Al vincular la estabilidad de los combustibles con la atención a las víctimas del terremoto, el Ejecutivo logra un doble propósito: mitigar el descontento social por el costo de vida y fortalecer su narrativa de eficiencia administrativa frente a la gestión del gobierno anterior. El Gobierno gana legitimidad al presentarse como un actor que corrige las omisiones de su predecesor, utilizando el ahorro proyectado como un indicador de buena gestión fiscal. Por el contrario, la administración anterior pierde terreno político al ser señalada por una supuesta inacción técnica que, según el discurso oficial, resultó en pérdidas económicas para el país. Esta construcción narrativa permite al Ejecutivo actual consolidar su autoridad mientras desplaza la responsabilidad de las presiones inflacionarias hacia la herencia recibida.