El Gobierno descartó respaldar la iniciativa legislativa que buscaba declarar feriado el jueves 17 de septiembre de 2026. El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, argumentó que el calendario de Fiestas Patrias ya fue definido mediante un acuerdo legislativo previo y que no es conveniente innovar en la materia. Esta postura oficial zanjó las dudas surgidas tras declaraciones previas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien inicialmente había sugerido analizar el impacto económico de la medida. La diputada Zandra Parisi, impulsora del proyecto, insistió en la necesidad de aprobar la jornada de descanso para fomentar el turismo, el comercio y la unión familiar. La parlamentaria afirmó contar con un respaldo transversal en el Congreso, incluyendo apoyos de diversas bancadas opositoras y oficialistas. Parisi señaló que, ante la negativa del Ejecutivo, buscará mecanismos alternativos para tramitar la admisibilidad del proyecto en la Sala de la Cámara. La tensión entre el Ejecutivo y la bancada del Partido de la Gente se intensificó tras el rechazo gubernamental. La diputada Parisi advirtió que el respaldo de su partido a futuras iniciativas del Gobierno dependerá de la disposición al diálogo. Analistas políticos califican la relación entre ambas partes como transaccional, advirtiendo que la falta de acuerdos institucionales podría fortalecer la capacidad de presión del PDG en la agenda legislativa.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en mantener la disciplina legislativa apelando a acuerdos previos, evitando ceder ante presiones populares que podrían generar un precedente de inestabilidad en la planificación económica. Por su parte, el Partido de la Gente utiliza el proyecto como una herramienta de visibilidad política, buscando capitalizar el apoyo ciudadano a medidas de descanso para posicionarse como un actor relevante que condiciona la gobernabilidad mediante el chantaje legislativo. El Ejecutivo gana al evitar una fragmentación de su agenda y mantener el control sobre el calendario laboral, pero pierde al tensar su relación con un aliado necesario en el Congreso. La diputada Parisi, aunque enfrenta el bloqueo del Gobierno, gana capital político al presentarse como defensora de los intereses ciudadanos, construyendo una narrativa donde el Ejecutivo aparece como un actor desconectado de las necesidades familiares y el bienestar de los emprendedores.