El Gobierno nacional analiza la posibilidad de extender el mecanismo de Obras por Impuestos como una estrategia clave para acelerar la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a 15 departamentos. Esta herramienta permitiría que las empresas destinen parte de su impuesto de renta a ejecutar directamente proyectos de vivienda e infraestructura, evitando los tiempos de la contratación estatal tradicional. La propuesta busca modificar la restricción geográfica actual, que limita el uso del instrumento a municipios ZOMAC y territorios PDET, para incluir a las zonas damnificadas por el sismo. Diversos actores, incluyendo la Federación Colombiana de Municipios y senadores del Centro Democrático, han solicitado formalmente al Ejecutivo habilitar esta alternativa de manera excepcional. El presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle, ha respaldado la iniciativa destacando la eficiencia presupuestal y la capacidad técnica del sector privado para entregar soluciones habitacionales modulares en plazos reducidos. Paralelamente, el sector privado ha comenzado a canalizar recursos mediante alianzas, como la suscrita con el artista Nicky Jam, para apoyar la edificación de viviendas a través del Fondo Milagro. La implementación de esta medida requiere la expedición de un decreto en el marco de la emergencia económica declarada, el cual debe definir los tipos de proyectos elegibles y resolver el impacto fiscal. Aunque el Gobierno contempla la propuesta, fuentes oficiales indican que aún no se ha dado la orden formal para ampliar el mecanismo. El desafío principal radica en equilibrar la urgencia de la reconstrucción con la necesidad de evitar que las empresas utilicen estos recursos para fines distintos a la infraestructura pública esencial.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta propuesta busca trasladar la eficiencia operativa del sector privado a la gestión de una crisis nacional, permitiendo al Gobierno delegar la ejecución de obras críticas para aliviar la presión sobre el presupuesto público. Al involucrar a grandes empresas y figuras públicas en la reconstrucción, el Ejecutivo intenta generar una narrativa de unidad nacional y agilidad administrativa, mientras que los gremios y alcaldes aprovechan la coyuntura para presionar por una flexibilización normativa que les otorgue mayor autonomía en la inversión de recursos tributarios. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar capacidad de respuesta ante la emergencia, mientras que el sector privado se posiciona como un actor indispensable en la recuperación, mejorando su imagen pública mediante la entrega de resultados tangibles. Por otro lado, el riesgo político recae en la posible falta de control sobre la ejecución de los proyectos, lo que podría generar críticas si los recursos se desvían de las necesidades sociales más urgentes. La narrativa se construye bajo la dicotomía entre la burocracia estatal, vista como lenta, y la eficacia empresarial, presentada como la solución 'milagro' para la crisis.