Gobierno autoriza plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo
Resumen
El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas.
La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional.
Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.
Análisis Político
La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.
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