El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional anunció el inicio de un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo. Esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia Esmeralda Plus, se define como una fase experimental, controlada y temporal que busca evaluar la eficiencia técnica y científica del herbicida. La operación contará con dos aeronaves AT-802 y se llevará a cabo exclusivamente en polígonos habilitados bajo estrictos protocolos de seguridad y monitoreo constante. El proyecto establece criterios de exclusión obligatorios para proteger áreas ambientales sensibles, cuerpos de agua y territorios habitados por comunidades afrodescendientes o grupos sujetos a especial protección. Las autoridades han enfatizado que este ejercicio no constituye la reanudación definitiva de la aspersión aérea a nivel nacional, sino una prueba técnica sujeta a evaluación. La ubicación exacta de los polígonos se mantiene bajo reserva para garantizar la seguridad del personal y de las aeronaves frente a posibles acciones de grupos armados ilegales. La implementación de este piloto responde a la necesidad de obtener evidencia verificable sobre la eficacia y los impactos del glufosinato de amonio, sustancia clasificada como moderadamente peligrosa por la Organización Mundial de la Salud. El programa, que tiene un límite de 1.000 hectáreas y una duración operacional restringida, busca cumplir con los parámetros legales exigidos por la Corte Constitucional. Los resultados obtenidos serán determinantes para que el Gobierno defina la viabilidad de un programa formal de erradicación aérea en el futuro.

Análisis político

La estrategia política detrás de este plan piloto se centra en la búsqueda de una alternativa técnica que permita al Gobierno retomar la aspersión aérea sin contravenir directamente las restricciones impuestas por la Corte Constitucional desde 2017. Al presentar el ejercicio como una fase experimental y científica, el Ejecutivo intenta blindar la medida frente a posibles litigios, utilizando la evidencia técnica como un escudo para legitimar una política de seguridad que ha sido históricamente divisiva. La reserva de las coordenadas y la ubicación cercana a bases militares evidencian una priorización de la seguridad operativa sobre la transparencia pública, buscando minimizar el riesgo de sabotaje por parte de grupos armados. En este escenario, el Gobierno gana capacidad de maniobra al reactivar una herramienta de presión contra los cultivos ilícitos, mientras que los sectores críticos y las organizaciones ambientales pierden terreno ante la imposición de una agenda de seguridad que prioriza la erradicación química. La narrativa oficial se construye bajo el concepto de 'evaluación científica' para desmarcarse de las críticas asociadas al glifosato, mientras que los opositores y defensores de derechos humanos construyen una narrativa de riesgo sanitario y ambiental. Este choque de discursos posiciona al glufosinato de amonio como el nuevo eje de la disputa sobre la soberanía territorial y la salud pública en las zonas cocaleras.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una fase experimental de aspersión aérea utilizando glufosinato de amonio, un herbicida clasificado como moderadamente peligroso por la OMS. Esta medida, denominada Estrategia Esmeralda Plus, se ejecutará en el departamento del Putumayo bajo la supervisión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El plan contempla un límite de 1.000 hectáreas tratadas en un periodo de siete días, excluyendo zonas protegidas, cuerpos de agua y territorios de comunidades étnicas. La decisión se formalizó tras la derogatoria de la resolución de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato, marcando un giro en la política antinarcóticos del presidente Abelardo de la Espriella. Este anuncio ocurrió en el marco de los Acuerdos de Barranquilla, suscritos durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno sostiene que el piloto busca obtener evidencia científica sobre la eficacia y los riesgos del nuevo compuesto antes de considerar cualquier expansión nacional. Diversos expertos y organizaciones campesinas han expresado preocupaciones sobre la efectividad de la fumigación como estrategia aislada y los posibles impactos ambientales y sociales. Investigadores señalan que la erradicación aérea por sí sola no ataca las causas estructurales del narcotráfico ni la demanda global de cocaína. Mientras tanto, las autoridades aseguran que el seguimiento técnico estará a cargo de los ministerios de Salud y Agricultura para evaluar la deriva del químico y sus efectos en el entorno.

Análisis político

La estrategia del gobierno de De la Espriella busca alinear su política de seguridad con las expectativas de cooperación de Estados Unidos, priorizando la erradicación forzosa sobre los modelos de sustitución voluntaria del gobierno anterior. Al presentar la medida como un plan piloto técnico y controlado, el Ejecutivo intenta mitigar la resistencia jurídica y social, trasladando el debate hacia la evidencia científica y la capacidad operativa de la Fuerza Pública. El gobierno gana legitimidad ante sus bases conservadoras y aliados internacionales al retomar la aspersión, pero asume el costo político de enfrentar a las comunidades rurales y organizaciones ambientales que temen una crisis humanitaria. Por su parte, los sectores críticos pierden capacidad de incidencia inmediata al quedar la ejecución bajo un marco de reserva estratégica, lo que obliga a la oposición a centrar su narrativa en los riesgos sanitarios y la ineficacia histórica de la fumigación para reducir el área cultivada.