El Gobierno concretó este viernes el undécimo vuelo de expulsión del año, trasladando a 75 ciudadanos extranjeros hacia Perú, Colombia y República Dominicana. Con este operativo, el Ejecutivo alcanzó la cifra de 2.000 personas expulsadas durante 2026, superando los registros anuales de los últimos cuatro años. El grupo incluyó a 69 personas bajo medidas administrativas y seis por procesos judiciales, con antecedentes que abarcan desde el ingreso irregular hasta delitos como tráfico de drogas, robo con violencia y violación. Las autoridades destacaron que el 68% de los expulsados ingresó al país por pasos no habilitados. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmaron que los procedimientos continuarán mediante vuelos comerciales y chárter, respaldados por un aumento presupuestario de 1.760 millones de pesos. Además, se informó sobre 11.011 salidas voluntarias registradas en lo que va del año, mayoritariamente de ciudadanos venezolanos. El evento también incluyó la confirmación de que seis extranjeros detenidos durante los desórdenes del 18 de octubre enfrentarán procesos de expulsión. Esta medida se alinea con la reciente aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que busca agilizar las expulsiones administrativas, reduciendo plazos de apelación y facilitando la ejecución de órdenes judiciales. El Ejecutivo sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia integral de ordenamiento migratorio y control fronterizo.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en la gestión de la seguridad pública como eje de legitimidad, utilizando las cifras de expulsiones como un indicador de eficacia frente a la crisis migratoria. Al vincular la expulsión de detenidos en el 18 de octubre con la agenda migratoria, el Gobierno busca capitalizar políticamente el descontento social ante la delincuencia, reforzando una narrativa de mano dura que apela a su base electoral. La reciente aprobación legislativa que agiliza estos procesos demuestra una coordinación efectiva entre el Gobierno y el Congreso para remover obstáculos burocráticos que impedían la materialización de las deportaciones. En este escenario, el Gobierno se posiciona como el principal ganador al capitalizar el control de la agenda de seguridad, mientras que los sectores que abogan por una política migratoria más flexible o garantista pierden influencia en el debate público. La narrativa oficial construye una distinción clara entre el ordenamiento migratorio y la irregularidad, utilizando datos estadísticos para contrastar su gestión con la de administraciones anteriores. Esta construcción discursiva busca consolidar la percepción de que el Estado ha recuperado la capacidad de ejercer soberanía sobre sus fronteras y el cumplimiento de la ley.

El Gobierno de Chile, bajo la instrucción del Presidente José Antonio Kast, inició el proceso administrativo para revocar la residencia y expulsar a seis ciudadanos extranjeros detenidos durante los desórdenes del pasado 18 de octubre. Los aprehendidos incluyen a tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y un venezolano, quienes fueron capturados en el marco de las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social. La medida se fundamenta en razones de seguridad nacional y el compromiso de las autoridades de aplicar mano firme contra quienes alteren el orden público. El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), liderado por Frank Sauerbaum, confirmó que cinco de los detenidos contaban con residencia definitiva en el país, mientras que el ciudadano venezolano se encontraba en situación irregular tras ingresar por un paso no habilitado. Los antecedentes policiales de los involucrados incluyen delitos como porte de arma cortante, infracción a la Ley 20.000 de drogas y órdenes de detención vigentes. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que se utilizarán las atribuciones legales del artículo 132 de la Ley de Migraciones para materializar las expulsiones. Esta acción se alinea con la estrategia gubernamental de endurecer las políticas migratorias y de seguridad, buscando dar una señal de control ante la violencia en espacios públicos. El Presidente Kast aprovechó la instancia para valorar el avance legislativo de un proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares. La tramitación de este proyecto continúa en el Congreso, mientras el Ejecutivo acelera los decretos necesarios para concretar las salidas de los seis individuos detenidos.

Análisis político

La estrategia política observada se basa en la construcción de una narrativa de 'mano firme' y orden público, utilizando la gestión migratoria como un eje central para capitalizar el apoyo de sectores que demandan mayor seguridad. Al vincular directamente la participación en desórdenes con la revocación de residencias, el Gobierno busca proyectar una imagen de eficacia administrativa y control soberano sobre el territorio, diferenciándose de gestiones anteriores que, según el actual oficialismo, fueron permisivas ante la reincidencia delictiva de extranjeros. En este escenario, el Gobierno gana rédito político al mostrar resultados concretos y rápidos ante un evento de alta visibilidad, reforzando su base electoral y presionando al Congreso para acelerar leyes migratorias. Por el contrario, los extranjeros detenidos y los sectores que abogan por una política migratoria más garantista pierden terreno, quedando relegados ante una narrativa que prioriza la seguridad nacional sobre otros enfoques. La construcción del relato oficial posiciona la expulsión no solo como una sanción penal, sino como una herramienta de protección del orden social, consolidando una política de tolerancia cero ante la alteración del orden público.