Gobierno alcanza 2.000 expulsiones de extranjeros en 2026 tras undécimo vuelo operativo
Resumen
El Gobierno concretó este viernes el undécimo vuelo de expulsión del año, trasladando a 75 ciudadanos extranjeros hacia Perú, Colombia y República Dominicana. Con este operativo, el Ejecutivo alcanzó la cifra de 2.000 personas expulsadas durante 2026, superando los registros anuales de los últimos cuatro años. El grupo incluyó a 69 personas bajo medidas administrativas y seis por procesos judiciales, con antecedentes que abarcan desde el ingreso irregular hasta delitos como tráfico de drogas, robo con violencia y violación.
Las autoridades destacaron que el 68% de los expulsados ingresó al país por pasos no habilitados. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmaron que los procedimientos continuarán mediante vuelos comerciales y chárter, respaldados por un aumento presupuestario de 1.760 millones de pesos. Además, se informó sobre 11.011 salidas voluntarias registradas en lo que va del año, mayoritariamente de ciudadanos venezolanos.
El evento también incluyó la confirmación de que seis extranjeros detenidos durante los desórdenes del 18 de octubre enfrentarán procesos de expulsión. Esta medida se alinea con la reciente aprobación de un proyecto de ley en el Congreso que busca agilizar las expulsiones administrativas, reduciendo plazos de apelación y facilitando la ejecución de órdenes judiciales. El Ejecutivo sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia integral de ordenamiento migratorio y control fronterizo.
Análisis Político
La estrategia política del Ejecutivo se centra en la gestión de la seguridad pública como eje de legitimidad, utilizando las cifras de expulsiones como un indicador de eficacia frente a la crisis migratoria. Al vincular la expulsión de detenidos en el 18 de octubre con la agenda migratoria, el Gobierno busca capitalizar políticamente el descontento social ante la delincuencia, reforzando una narrativa de mano dura que apela a su base electoral. La reciente aprobación legislativa que agiliza estos procesos demuestra una coordinación efectiva entre el Gobierno y el Congreso para remover obstáculos burocráticos que impedían la materialización de las deportaciones.
En este escenario, el Gobierno se posiciona como el principal ganador al capitalizar el control de la agenda de seguridad, mientras que los sectores que abogan por una política migratoria más flexible o garantista pierden influencia en el debate público. La narrativa oficial construye una distinción clara entre el ordenamiento migratorio y la irregularidad, utilizando datos estadísticos para contrastar su gestión con la de administraciones anteriores. Esta construcción discursiva busca consolidar la percepción de que el Estado ha recuperado la capacidad de ejercer soberanía sobre sus fronteras y el cumplimiento de la ley.
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