Gobierno admite falencias en rebaja de condenas y anuncia reforma legal

Octubre 26, 2026

Gobierno admite falencias en rebaja de condenas y anuncia reforma legal

Resumen i

El subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que el procedimiento administrativo que otorgó 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores pudo ser mejor gestionado en su dimensión humana. Aunque defendió la legalidad del actuar del ministro de Justicia, Fernando Rabat, admitió que faltó una mirada política para anticipar las reacciones ante una medida tan sensible. El Ejecutivo descartó que se trate de un error jurídico, argumentando que se limitaron a cumplir con la normativa vigente y la Constitución.

La oposición y exautoridades de Justicia han cuestionado duramente la gestión, calificando la decisión como un error grave e inexcusable. El exministro Jaime Gajardo desmintió al Gobierno al señalar que las rebajas otorgadas en su administración respondían a sentencias judiciales y no a decisiones administrativas directas. Asimismo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aclaró que los tribunales no intervinieron en estos casos específicos, ya que el Ejecutivo actuó mediante decretos sin que mediara un recurso de amparo previo.

Como respuesta a la crisis, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos y la presentación de un proyecto de ley para modificar el sistema. La iniciativa busca establecer tribunales de ejecución de penas, asegurar la escucha a las víctimas y eliminar ambigüedades sobre la aplicación retroactiva de beneficios. Mientras tanto, sectores de la oposición evalúan presentar una acusación constitucional contra el ministro Rabat por su responsabilidad en la firma de los decretos.

Análisis Político i

La estrategia del Gobierno se centra en la defensa técnica de la legalidad para blindar al ministro de Justicia, intentando trasladar la responsabilidad hacia una supuesta deficiencia legislativa heredada. Al equiparar sus acciones con las de la administración anterior, el Ejecutivo busca neutralizar el costo político, aunque esta táctica ha sido refutada por exautoridades que distinguen entre el cumplimiento de fallos judiciales y la discrecionalidad administrativa. La narrativa oficial intenta transformar una crisis de gestión en una oportunidad para impulsar una reforma estructural, presentándose como un actor proactivo que busca solucionar un problema sistémico.

En este escenario, el Gobierno pierde capital político al quedar expuesto a críticas por la falta de sensibilidad en temas de alta relevancia social, como la protección de menores. Por otro lado, la oposición gana terreno al capitalizar el descontento ciudadano y presionar mediante la amenaza de una acusación constitucional, lo que debilita la figura del ministro de Justicia. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo insiste en el estricto apego a la ley, sus críticos construyen un relato de negligencia política y falta de empatía con las víctimas, lo que profundiza la polarización en torno a la administración de justicia.

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