Gobierno acusa a la oposición de montar un circo político por rebajas de condenas
Resumen
El subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó como un circo y una teleserie política las críticas opositoras por la demora en la entrega de 56 decretos de rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. La controversia ocurre mientras la Contraloría General de la República fiscaliza los procedimientos del Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat. El Ejecutivo sostiene que la demora responde a la necesidad de proteger la privacidad de las víctimas y evitar su revictimización.
La oposición argumenta que la falta de acceso a estos documentos impide fundamentar una eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat. Ante esto, el vocero gubernamental desestimó dicho argumento calificándolo de excusa y emplazó a los parlamentarios a presentar el libelo si tienen los antecedentes necesarios. El Gobierno insiste en que la oposición busca generar una situación de presión política en lugar de colaborar con la solución del problema.
Paralelamente, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, cuestionó la falta de respuesta del Ministerio de Justicia ante los oficios enviados desde octubre. Asimismo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que rechaza los beneficios otorgados, contando con el respaldo de algunos parlamentarios oficialistas. La tensión se mantiene alta mientras se espera la resolución de la Contraloría y la posible formalización de la acusación constitucional.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en deslegitimar la fiscalización opositora etiquetándola como un espectáculo mediático, buscando desplazar el foco desde la gestión ministerial hacia la supuesta falta de seriedad de sus adversarios. Al vincular la demora con la protección de las víctimas, el Ejecutivo intenta elevar el costo político para quienes insisten en la acusación constitucional, presentándolos como actores que buscan réditos electorales a costa de un drama humano.
En este escenario, el Gobierno gana tiempo para ordenar su defensa, mientras la oposición intenta capitalizar el descontento público para desgastar la figura del ministro de Justicia. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el caso como una gestión técnica y sensible, la oposición lo posiciona como una falta de transparencia y una vulneración de los derechos de las víctimas, utilizando la acusación constitucional como una herramienta de presión política directa.
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