El Ministerio de Transporte ha publicado un borrador de decreto que busca modernizar integralmente la regulación del servicio público de taxi en Colombia. La propuesta, abierta a comentarios del sector, introduce modificaciones operativas, comerciales y ambientales con el objetivo de eliminar barreras burocráticas y mejorar la eficiencia del servicio. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que la actualización busca poner al día la regulación con las necesidades reales de los actores del sector y avanzar hacia un servicio más eficiente, seguro y sostenible. Uno de los cambios más significativos es la imposición de que la reposición de vehículos taxi deba realizarse exclusivamente con vehículos eléctricos, impulsando así la transición energética y la reducción de emisiones. Adicionalmente, se permitirá la prestación del servicio entre municipios contiguos sin necesidad de trámites adicionales, salvo excepciones técnicas, y se ampliarán las posibilidades de operación hacia y desde aeropuertos. También se eliminarán cobros asociados a desvinculación de vehículos y expedición de tarjetas de operación, y se prohibirá a las empresas imponer condiciones que limiten la libre vinculación o desvinculación de vehículos por parte de los propietarios. La reforma también contempla la ampliación del plazo para reponer vehículos en casos de hurto o destrucción, la implementación de extractos financieros mensuales detallados para los propietarios, y la asignación de puntajes adicionales para conductores no propietarios con mayor permanencia en la actividad, facilitando su acceso a la propiedad. Se extenderá la vigencia de la tarjeta de operación a dos años y se crearán programas obligatorios de formación para conductores en diversas áreas, incluyendo atención al usuario y prevención de violencias basadas en género.

Análisis político

La estrategia política principal observada es la modernización y dignificación del gremio taxista, buscando responder a reclamos históricos y a la competencia de plataformas de movilidad. Se busca generar un equilibrio a través de la regulación, promoviendo la transición energética con la exigencia de vehículos eléctricos para reposición y facilitando la operación intermunicipal y hacia aeropuertos. La medida de otorgar puntajes adicionales a conductores no propietarios busca abordar la equidad dentro del sector y facilitar el acceso a la propiedad, mientras que la eliminación de cobros y trámites innecesarios apunta a reducir cargas económicas y administrativas. El Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, se posiciona como un actor que escucha y responde a las demandas del sector, buscando mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio. Los taxistas, como gremio, podrían verse beneficiados por las mayores garantías patrimoniales, la simplificación de trámites y la potencial mejora en sus ingresos. Las empresas de taxis enfrentan la necesidad de adaptarse a nuevas reglas de libre competencia y a la transición hacia flotas eléctricas. La narrativa construida por el ministerio se enfoca en la modernización, la sostenibilidad y el fortalecimiento de derechos, mientras que los taxistas buscan un reconocimiento a su labor y mejores condiciones económicas frente a los desafíos del mercado.