Gobernación de Cundinamarca ordena cierre definitivo del colegio de Valeria Afanador
Resumen
La Secretaría de Educación de Cundinamarca ratificó en segunda instancia la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en Cajicá. Esta medida administrativa responde a las graves fallas detectadas en la vigilancia, protección y protocolos de seguridad de la institución, donde desapareció la menor Valeria Afanador en agosto de 2025. La resolución obliga al plantel a cesar sus operaciones al finalizar el año escolar 2026 y a presentar un plan detallado para la reubicación de sus estudiantes antes del 31 de octubre.
La investigación administrativa concluyó que el colegio incumplió sus deberes de cuidado al no advertir oportunamente la ausencia de la niña tras el receso escolar. El documento oficial señala que la falta de procedimientos claros y de una respuesta institucional inmediata impidió salvaguardar la integridad de la menor. A pesar de la ratificación de la sanción, las directivas del plantel han manifestado su intención de continuar operando hasta el cierre del calendario académico, mientras la familia de la víctima insiste en que la responsabilidad administrativa debe extenderse a la rectora del centro educativo.
Este evento se desarrolla en paralelo al proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la muerte de la menor. Actualmente, el ente acusador ha imputado el delito de homicidio culposo a una docente y al encargado de infraestructura, aunque la familia de la víctima busca que se vinculen formalmente a otros directivos. La decisión de la Gobernación agota la vía gubernativa, dejando al colegio sin recursos legales adicionales para revertir la cancelación de su licencia.
Análisis Político
La estrategia política observada se centra en la presión institucional ejercida por la Gobernación de Cundinamarca para responder a la indignación pública y a las exigencias de justicia de la familia de la víctima. Al ratificar la sanción en segunda instancia, el gobierno departamental busca proyectar una imagen de control y eficacia administrativa frente a una falla sistémica en la protección de menores, utilizando la cancelación de la licencia como un mecanismo de sanción ejemplarizante que trasciende la responsabilidad penal individual.
En este escenario, la familia de la víctima gana legitimidad en su narrativa al lograr que las autoridades reconozcan formalmente las omisiones del colegio, lo cual fortalece su posición en el proceso penal contra los directivos. Por el contrario, la institución educativa pierde su viabilidad operativa y reputacional, quedando aislada en su defensa legal. La construcción de narrativas es divergente: mientras la familia y la Gobernación enfatizan la negligencia institucional y la falta de protocolos, la defensa del colegio intenta limitar la responsabilidad a fallas operativas menores, buscando evitar la imputación de la rectora y otros miembros de la administración.
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