General Federico Mejía es trasladado a cargo administrativo tras investigación de la Fiscalía
Resumen
El Comando General de las Fuerzas Militares anunció el traslado del brigadier general Federico Mejía de su cargo como comandante del Centro de Educación y Doctrina hacia una posición administrativa en el Estado Mayor. Esta decisión se produce mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación contra el oficial por presuntos delitos como prevaricato, favorecimiento y fraude procesal. Los hechos investigados se remontan al 31 de enero de 2024, cuando el general habría ordenado irregularmente la liberación de un capturado y la devolución de estupefacientes incautados en el Cauca.
La institución castrense aclaró que el oficial permanecerá activo en las Fuerzas Militares, aunque sin responsabilidades directas de mando o dirección. Según el comunicado oficial, el movimiento busca armonizar las necesidades del servicio y la integridad del mando con el desarrollo de las actuaciones judiciales en curso. El Comando General enfatizó que esta medida administrativa no prejuzga la responsabilidad del oficial y reiteró el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación del alto mando militar, especialmente por antecedentes de investigaciones previas relacionadas con presunta corrupción y vínculos con grupos criminales en el Cauca. El Tribunal Administrativo del Cauca ha intervenido solicitando documentos que la institución había clasificado como reservados. Será la justicia ordinaria la encargada de determinar, mediante la imputación de cargos y el proceso judicial, si existen responsabilidades penales individuales por las actuaciones atribuidas al general durante la Operación Perseo.
Análisis Político
La estrategia de las Fuerzas Militares busca contener el desgaste reputacional mediante un movimiento táctico que separa al oficial de las funciones de mando sin llegar a la desvinculación definitiva. Al trasladar a Mejía a un cargo administrativo, la institución intenta proyectar una imagen de colaboración con la justicia y respeto por el debido proceso, evitando una confrontación directa con la Fiscalía mientras se gestiona la crisis interna.
En este escenario, la institución militar intenta proteger su integridad institucional y la continuidad de sus operaciones, mientras que la Fiscalía gana terreno al forzar cambios en la cúpula mediante la presión judicial. El general Mejía se encuentra en una posición de vulnerabilidad política, perdiendo su capacidad de mando, mientras que el Gobierno y las Fuerzas Militares intentan equilibrar la defensa de la presunción de inocencia con la necesidad de mantener la legitimidad ante la opinión pública frente a las graves acusaciones de corrupción.
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