Las Fuerzas Militares ejecutaron la Operación Amón en una zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Calarcá. El operativo, que inició con un bombardeo de precisión seguido de un asalto terrestre, resultó en la muerte de al menos 11 integrantes de la estructura criminal, según reportes actualizados. Entre los fallecidos se confirmó la identidad de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, quien era considerado la mano derecha de Calarcá y por quien se ofrecía una recompensa de 400 millones de pesos. El presidente Abelardo de la Espriella calificó la acción como un golpe contundente y reafirmó la política de su administración de combatir a estos grupos como organizaciones terroristas, descartando cualquier estatus político. La operación se vio facilitada por enfrentamientos internos previos entre las disidencias de Calarcá y las de alias Iván Mordisco, lo que permitió a la inteligencia militar localizar con precisión los campamentos. Durante el despliegue, las tropas incautaron 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia, mientras continúan las labores de consolidación en el terreno. La relevancia de este evento radica en el cambio de estrategia estatal frente a las disidencias, marcando el segundo bombardeo de gran escala en los primeros 20 días del actual gobierno. Alias Urías Perdomo, quien había sido capturado en 2024 y liberado bajo su condición de gestor de paz en el gobierno anterior, era un objetivo de alto valor requerido por extorsión y atentados contra la fuerza pública. Las autoridades ahora trabajan en la plena identificación de los cuerpos restantes para determinar si otros cabecillas de alto nivel se encuentran entre los abatidos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en la ruptura total con la narrativa de paz negociada, reemplazándola por una política de seguridad basada en la ofensiva militar directa y la deslegitimación de los grupos armados como actores políticos. Al clasificar a estas estructuras exclusivamente como terroristas, el Ejecutivo busca recuperar la iniciativa estatal y demostrar capacidad de respuesta frente a la expansión criminal ocurrida en el cuatrienio anterior, utilizando resultados militares rápidos para consolidar su autoridad. El Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigían mano dura, mientras que las disidencias pierden capacidad operativa y mandos estratégicos, quedando expuestas por sus propias fracturas internas. La narrativa oficial se construye sobre el contraste entre la inacción previa y la contundencia actual, posicionando al Estado como un actor que no otorga santuarios a los grupos ilegales, lo cual busca reconfigurar el mapa de poder en las regiones afectadas por el conflicto.

La Operación Amón, ejecutada por las Fuerzas Militares en zona rural de El Retorno, Guaviare, resultó en la muerte de al menos 11 integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá. El despliegue incluyó bombardeos de precisión con aviones Kfir y Súper Tucano, seguidos por un asalto terrestre del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Entre los fallecidos se encuentra Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete y figura clave en el esquema criminal de la zona. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el éxito de la incursión y destacó la incautación de 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia. La operación marca un cambio en la estrategia de seguridad nacional, al pasar de la negociación a la ofensiva directa contra los grupos armados. Las tropas continúan en el área realizando labores de consolidación y verificación técnica para la identificación formal de los cuerpos recuperados. La relevancia de este evento radica en la trayectoria de alias Urías Perdomo, quien en 2024 había sido capturado en una caravana de la Unidad Nacional de Protección y posteriormente liberado por su rol en mesas de diálogo. Su muerte representa un golpe significativo a la estructura de Calarcá, que se había expandido durante el cuatrienio anterior. El Gobierno sostiene que esta acción es parte de una ofensiva integral para eliminar los santuarios criminales en el territorio nacional.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de De la Espriella se fundamenta en la ruptura total con la política de 'paz total' de la administración anterior, priorizando la contundencia militar sobre el diálogo. Al ejecutar bombardeos contra estructuras que anteriormente gozaban de estatus de negociadores, el Ejecutivo busca legitimar su autoridad y enviar un mensaje de control territorial, utilizando la neutralización de figuras mediáticas como Urías Perdomo para capitalizar el respaldo de la opinión pública que exige resultados inmediatos en seguridad. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sus bases electorales al demostrar capacidad operativa, mientras que las disidencias de Calarcá pierden capacidad de mando y control territorial. La narrativa oficial construye una dicotomía clara entre el Estado y el 'terrorismo', despojando a los grupos armados de cualquier reconocimiento político. Por su parte, los grupos disidentes intentan mantener su influencia, pero se ven debilitados por la pérdida de sus cabecillas y la presión militar coordinada con inteligencia estratégica.

Las Fuerzas Militares ejecutaron la Operación Amón en una zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, mediante un bombardeo de precisión seguido de un asalto terrestre. La acción tuvo como objetivo campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá. El despliegue contó con la participación de aviones Kfir y Súper Tucano, resultando en la muerte de 11 integrantes de la organización criminal y la incautación de armamento de largo alcance. Entre los fallecidos se confirmó la identidad de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, quien era considerado la mano derecha de Calarcá y cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete. Este individuo había sido capturado previamente en 2024 durante una caravana de la Unidad Nacional de Protección, pero recuperó su libertad al ser designado como gestor de paz por el gobierno anterior. Su neutralización representa un golpe significativo para la estructura criminal, sobre la cual pesaban órdenes por extorsión, reclutamiento forzado y ataques terroristas. El presidente Abelardo de la Espriella calificó el operativo como una muestra de la nueva ofensiva estatal contra los grupos armados, enfatizando que no habrá santuarios para los cabecillas. Mientras las tropas continúan con las labores de consolidación y verificación en el terreno, las autoridades trabajan en la identificación formal de los cuerpos restantes. Este evento marca el segundo bombardeo de gran escala autorizado por la actual administración en sus primeras semanas de mandato.

Análisis político

La estrategia política del gobierno actual se centra en la ruptura total con la narrativa de negociación previa, reemplazando el diálogo por una política de confrontación militar directa. Al calificar a los grupos armados como terroristas y evitar eufemismos, el Ejecutivo busca capitalizar el respaldo de sectores que exigían mano dura, utilizando los resultados de la Operación Amón como una validación de su capacidad operativa y su voluntad de recuperar el control territorial. El gobierno gana legitimidad ante su base electoral al mostrar resultados tangibles y rápidos, mientras que las disidencias de las Farc pierden a un mando estratégico y capacidad de maniobra. La narrativa oficial se construye sobre el contraste entre la supuesta impunidad del pasado y la contundencia del presente, posicionando al Estado como un actor que ha dejado de otorgar concesiones a quienes considera enemigos de la seguridad nacional.

La Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en una zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, contra campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño. El operativo, que incluyó un bombardeo de precisión y el despliegue de comandos terrestres, resultó en la muerte de al menos 11 integrantes de las disidencias de las Farc, entre ellos Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo. Las autoridades también reportaron la incautación de 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia, mientras las tropas continúan en la zona realizando labores de consolidación e identificación de los cuerpos. Alias Urías Perdomo era señalado como la mano derecha de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y pesaba sobre él una recompensa de 400 millones de pesos. El cabecilla contaba con un prontuario que incluía extorsión, reclutamiento forzado y atentados contra la Fuerza Pública, destacándose un ataque a la estación de policía de Cartagena del Chairá. En julio de 2024, el sujeto había sido capturado en Antioquia mientras se desplazaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección, pero recuperó su libertad debido a su rol como gestor de paz en los diálogos del gobierno anterior. El presidente Abelardo De La Espriella calificó la acción como un golpe contundente y reafirmó la política de su administración de tratar a estos grupos como estructuras terroristas sin estatus político. Esta operación, la segunda de este tipo en los primeros 20 días de su mandato, se ejecutó aprovechando enfrentamientos internos entre las facciones de Calarcá e Iván Mordisco. El Gobierno sostiene que la ofensiva militar se mantendrá en todo el territorio nacional para eliminar los santuarios de los cabecillas criminales.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de Abelardo De La Espriella se fundamenta en la ruptura total con la narrativa de 'paz total' del mandato anterior, reemplazándola por una política de seguridad de mano dura y ofensiva militar directa. Al clasificar a los grupos armados exclusivamente como 'terroristas' y prohibir el uso de eufemismos, el Ejecutivo busca legitimar el uso de la fuerza aérea y el combate frontal como la única vía de resolución del conflicto, distanciándose de cualquier intento de negociación política con estas estructuras. En este evento, el Gobierno gana capital político al mostrar resultados rápidos y contundentes en sus primeros días de gestión, reforzando su imagen de autoridad ante su base electoral. Por el contrario, las disidencias de las Farc pierden capacidad operativa y mando estratégico con la baja de un cabecilla clave, mientras que la narrativa de los grupos armados, que buscaban reconocimiento político, queda debilitada ante la contundencia de las operaciones militares que los posicionan nuevamente como objetivos de guerra y no como interlocutores válidos.