La Fiscalía Regional de Antofagasta, en conjunto con Carabineros y la PDI, ejecutó cinco procedimientos entre el 22 y el 25 de octubre que resultaron en la incautación de 1.884 kilos de droga. Los operativos incluyeron hallazgos en el Salar de Ascotán, la Ruta 27-CH y terminales de buses, logrando además la captura de tres personas que quedaron en prisión preventiva. Estas acciones forman parte de una serie de diligencias que, sumadas a las de la semana anterior, totalizan 2,7 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en solo diez días. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, calificó este despliegue como un método sistemático diseñado para desarticular las redes logísticas y financieras del narcotráfico en la Macrozona Norte. La estrategia, denominada de "frontera extendida", busca trascender la simple incautación de cargamentos para identificar a los responsables y el patrimonio de las organizaciones criminales. Las autoridades destacaron que, en lo que va de 2026, se han incautado 64,9 toneladas de droga en la región, cifra que supera significativamente los registros del año anterior. La relevancia de estos operativos radica en el cambio de paradigma en la persecución penal, que ahora integra el análisis criminal en toda la cadena de distribución. El Ministerio Público enfatiza que el objetivo central es golpear la capacidad económica de los grupos delictivos, rastreando el dinero y las rutas de acopio. Con estos resultados, la Fiscalía de Antofagasta acumula más de 130 toneladas de droga incautadas desde octubre de 2023, consolidando una tendencia de decomisos exponenciales en la zona.

Análisis político

La estrategia observada en la Región de Antofagasta refleja un cambio hacia la persecución del patrimonio y la estructura logística del crimen organizado, abandonando la lógica de solo contabilizar cargamentos. Esta narrativa permite al Ministerio Público posicionarse como un actor técnico eficiente frente a la crisis de seguridad, utilizando cifras de incautación como indicadores de éxito institucional y capacidad de respuesta ante el narcotráfico transnacional. En este escenario, el Ministerio Público y las policías ganan legitimidad pública al mostrar resultados concretos y coordinados, mientras que las organizaciones criminales pierden capacidad operativa y recursos financieros. La construcción de esta narrativa, que define la frontera como un espacio extendido de control, busca mitigar la percepción de descontrol en las zonas limítrofes, trasladando el foco desde la vulnerabilidad territorial hacia la efectividad de la persecución penal.