La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al expresidente Gustavo Petro. La decisión responde a denuncias sobre reuniones realizadas en octubre de 2025 en Valledupar, donde funcionarios del entonces Gobierno habrían presionado a exjefes paramilitares para declarar contra figuras políticas. Entre los señalados de recibir estas presiones se encuentran Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella. Las revelaciones surgieron tras los testimonios de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. Mientras el propósito oficial de los encuentros era el cierre del proceso de paz de Ralito, los denunciantes sostienen que el objetivo real era obtener testimonios para influir en el escenario electoral de 2026. El expresidente Petro ha negado las acusaciones, calificándolas de falsas y solicitando la publicación de las actas oficiales de dichas reuniones. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por su presunta participación en este plan. La Fiscalía, que abrió la noticia criminal el 31 de agosto, remitió el caso a la instancia constitucional competente debido al fuero del exmandatario. La Comisión de Acusaciones deberá determinar ahora si existen méritos para abrir un expediente formal contra el exjefe de Estado.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia de judicialización de la política donde las revelaciones de exfuncionarios y actores del conflicto armado son utilizadas para deslegitimar a la administración anterior. La construcción de narrativas es divergente: mientras los denunciantes presentan los encuentros como una maniobra electoral ilícita, el expresidente Petro intenta enmarcar los hechos dentro de una gestión institucional legítima para cerrar procesos de paz, buscando neutralizar el impacto mediático mediante la transparencia de documentos oficiales. En este escenario, el Gobierno actual y sus aliados ganan terreno al posicionar el caso como un escándalo de corrupción y abuso de poder, lo que debilita la imagen del petrismo de cara a futuras contiendas. Por el contrario, el expresidente Petro pierde capital político al verse obligado a defenderse en instancias judiciales, lo que distrae su agenda pública y lo pone a la defensiva frente a las investigaciones que ahora recaen sobre sus colaboradores más cercanos.