La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra Orozman Osten Blanco, alias 'Rodrigo Flechas'; Elkin Casarrubia Posada, alias 'El Cura'; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias 'Bruno' o 'Jerónimo'. Esta medida judicial se formalizó mediante la Resolución No. 0-0284 del 11 de septiembre de 2026, tras la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de finalizar la fase de conversaciones con el Clan del Golfo. Los tres individuos habían sido beneficiados previamente con la suspensión de dichas órdenes durante los procesos de diálogo iniciados en la administración anterior. El Ejecutivo justificó el cierre de la mesa de negociación argumentando la ausencia de una ruta concreta para el sometimiento a la justicia y la falta de elementos que acreditaran una voluntad de paz real por parte de la organización. La Fiscalía aclaró que la reactivación solo aplica a estos tres cabecillas, precisando que para otros integrantes solicitados por la Presidencia no procede la medida, dado que sus órdenes de captura nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de Policía Judicial para su ejecución inmediata. Los sujetos afectados poseen perfiles de alto impacto dentro de la estructura criminal, destacando a 'Rodrigo Flechas' como el actual tercero al mando tras la muerte de alias 'Gonzalito'. Por su parte, alias 'El Cura' cuenta con un historial vinculado a las antiguas AUC y condenas por masacres como la de Mapiripán, mientras que alias 'Bruno' fungió como la cara política visible del grupo en rondas de negociación internacionales. La reactivación marca un cambio de rumbo en la política de seguridad frente a este grupo armado tras el fin de los acercamientos sociojurídicos.

Análisis político

La estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella marca una ruptura clara con la política de 'paz total' del mandato anterior, priorizando la persecución judicial sobre los espacios de diálogo. Al cerrar la mesa de conversaciones y solicitar la reactivación de capturas, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de mano dura y control institucional, deslegitimando los acercamientos previos al calificarlos como ineficaces para el sometimiento a la justicia. El Gobierno gana legitimidad ante sectores que criticaban la negociación con grupos criminales, mientras que el Clan del Golfo pierde su estatus de interlocutor político, quedando nuevamente bajo la presión directa de la fuerza pública. La narrativa oficial se construye sobre la idea de que la voluntad de paz debe ser verificable y no un mecanismo de impunidad, diferenciándose así de la estrategia de diálogo que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro.