La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de tres estructuras armadas, incluyendo a alias Calarcá, Walter Mendoza y Araña. Esta medida se formalizó mediante la Resolución 0-0263, tras la decisión del Gobierno Nacional de finalizar las mesas de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La terminación de estos procesos, decretada el pasado 28 de agosto, implicó la revocatoria de la designación de los voceros de paz, eliminando así el beneficio de suspensión de las órdenes judiciales que los cobijaba. El Gobierno de Abelardo de la Espriella justificó el cierre de las negociaciones argumentando una falta de voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia por parte de los grupos armados. Según el Ejecutivo, estas organizaciones aprovecharon los espacios de diálogo para fortalecer sus estructuras, aumentar su presencia territorial y continuar con actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. La administración actual ha optado por un cambio de estrategia, priorizando la ofensiva militar y policial sobre la política de paz total del gobierno anterior. La resolución judicial ordena a las autoridades de policía judicial proceder con la captura inmediata de los implicados, aunque aclara que no todas las órdenes fueron reactivadas, ya que algunas permanecían vigentes o están sujetas a procesos de extradición. Este evento marca un punto de giro en la política de seguridad del país, que transita hacia una postura de línea dura. La medida busca recuperar la iniciativa estatal frente a organizaciones que, según el Gobierno, han intensificado sus ataques contra la población civil y la fuerza pública.

Análisis político

La estrategia política del actual Gobierno se centra en la ruptura definitiva con el modelo de negociación del periodo anterior, buscando capitalizar el descontento social ante el fortalecimiento de los grupos armados durante los diálogos. Al reactivar las órdenes de captura, el Ejecutivo busca legitimar su narrativa de 'mano dura' y recuperar el control territorial, posicionándose como un actor que prioriza la seguridad sobre la diplomacia con actores ilegales. Esta maniobra política busca ganar respaldo en sectores que cuestionaron la eficacia de la paz total, mientras traslada la responsabilidad del fracaso de los diálogos a la falta de voluntad de los grupos armados. En este escenario, el Gobierno y la Fiscalía ganan legitimidad institucional al demostrar capacidad de acción frente a la criminalidad, mientras que los grupos armados pierden el estatus político y los beneficios judiciales que les otorgaba la interlocución con el Estado. La narrativa se construye mediante la contraposición entre la 'paz total' como una política fallida que permitió el crecimiento de las estructuras ilegales y la nueva política de seguridad como una respuesta necesaria para restaurar el orden. Esta polarización narrativa busca consolidar una base de apoyo electoral y política que respalde una ofensiva militar sostenida en el tiempo.

La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de estructuras armadas ilegales. Esta medida judicial se formalizó mediante la Resolución 0-0263, tras la decisión del Gobierno Nacional de finalizar las mesas de diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La terminación de estos espacios de negociación, decretada el pasado 28 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, conllevó la revocatoria de la designación de los voceros de dichos grupos. La reactivación de las órdenes afecta a cabecillas de alto perfil como Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'; José Vicente Lesmes, alias 'Walter Mendoza'; y Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña'. El ente investigador precisó que la medida responde a la pérdida de los beneficios de suspensión que cobijaban a estos individuos mientras participaban en los procesos de paz. La resolución excluye a personas cuyas órdenes ya estaban vigentes o que se encuentran en procesos de extradición, y ordena a la fuerza pública proceder con su búsqueda inmediata. El Gobierno argumentó que la terminación de los diálogos se debe a la falta de voluntad de paz de las estructuras armadas y al aprovechamiento de los espacios de negociación para fortalecer sus capacidades militares. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, estas organizaciones experimentaron un crecimiento significativo en su número de integrantes durante el periodo de vigencia de la política de Paz Total. La decisión marca un giro en la estrategia de seguridad, priorizando la persecución judicial y militar sobre la negociación con estos grupos.

Análisis político

La reactivación de las órdenes de captura evidencia un cambio de paradigma en la política de seguridad, donde el Gobierno actual busca desmantelar los beneficios otorgados durante la administración anterior. Al revocar la calidad de gestores de paz, el Ejecutivo utiliza la vía judicial para invalidar la legitimidad política que estos grupos habían adquirido, trasladando el enfoque de la negociación hacia la presión militar y el sometimiento a la justicia. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que criticaban la permisividad de la Paz Total, mientras que los grupos armados pierden su estatus de interlocutores válidos. La narrativa oficial construye a estos actores como organizaciones criminales sin voluntad de paz, contrastando con la visión previa que los trataba como actores políticos. Esta estrategia busca recuperar el control territorial y la iniciativa de la fuerza pública, dejando a los cabecillas en una posición de vulnerabilidad jurídica frente a las autoridades.