La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el CTI, la Policía y el Ejército, ocupó cuatro propiedades del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa. Los bienes, que incluyen un centro comercial, un hotel y dos discotecas en Girardot e Ibagué, están avaluados en 45.467 millones de pesos. Esta medida cautelar fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dentro de un proceso de extinción de dominio. Las autoridades investigan si estos activos fueron utilizados por Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, exjefe del Bloque Tolima de las AUC, para ocultar recursos ilícitos y evadir la reparación de las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía sostiene que el exparamilitar habría recurrido a terceros para realizar inversiones inmobiliarias. El ente acusador fundamentó la ocupación tras realizar análisis financieros, peritajes contables e inspecciones judiciales que reconstruyeron la trazabilidad de los bienes. El artista, quien no figura formalmente como investigado en el expediente actual, ha defendido públicamente su inocencia desde que el caso inició en 2025. Charlie Zaa ha reiterado que su patrimonio es fruto de más de 30 años de carrera musical y ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia. La decisión es de primera instancia, por lo que la defensa del cantante puede interponer recursos legales para controvertir la medida antes de que los bienes pasen definitivamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en la persecución de activos como mecanismo de justicia transicional, priorizando la reparación de las víctimas sobre la figura del propietario. Al vincular bienes de una figura pública con el entramado financiero de un grupo paramilitar extinto, el Estado busca visibilizar la persistencia de capitales ilícitos en la economía legal, enviando un mensaje de control institucional sobre el lavado de activos. El evento genera una narrativa de confrontación entre la legitimidad del éxito artístico y la sospecha de testaferrato. Mientras el Estado gana legitimidad al mostrar resultados en la recuperación de bienes para las víctimas, el artista pierde capital reputacional al quedar asociado, aunque sea de forma indirecta, con el paramilitarismo. La defensa del cantante intenta proteger su imagen pública apelando a la presunción de inocencia y al esfuerzo personal, mientras que la Fiscalía utiliza el rigor técnico para desmantelar estructuras financieras heredadas del conflicto.