Fiscalía imputa a alias Calarcá por masacres y reclutamiento pese a beneficios de paz
Resumen
Un juez de Villavicencio declaró a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, como persona ausente, permitiendo que la Fiscalía General de la Nación procediera con la imputación de cargos en su contra. El cabecilla de las disidencias de las Farc es señalado por delitos graves que incluyen 54 masacres, reclutamiento ilícito de menores, tortura, desaparición forzada y el asesinato de siete militares. La investigación sostiene que estos crímenes fueron cometidos entre 2022 y 2026, periodo en el cual el procesado mantenía su estatus como negociador en la política de paz del Gobierno Nacional.
La Fiscalía fundamentó la imputación en pruebas obtenidas de equipos electrónicos incautados durante una caravana en Antioquia, además de testimonios de menores rescatados. El ente acusador enfatizó que existe evidencia de una continuidad delictiva sistemática, incluso mientras el líder guerrillero participaba en la mesa de diálogos. La diligencia judicial se realizó tras múltiples intentos fallidos de notificar al procesado, quien no compareció a las citaciones previas a pesar de los esfuerzos institucionales.
La situación jurídica de alias Calarcá genera una tensión institucional, ya que el procesado conserva sus órdenes de captura suspendidas por el Ejecutivo. La Fiscalía ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional la reactivación de dichas órdenes para avanzar en la justicia penal. Esta medida busca contrarrestar la percepción de impunidad ante la gravedad de los hechos atribuidos al jefe disidente durante su rol como vocero de paz.
Análisis Político
El evento evidencia una fractura estratégica entre la rama judicial y el Ejecutivo respecto a la política de paz. La Fiscalía utiliza la figura de 'persona ausente' como una herramienta técnica para avanzar en la judicialización sin depender de la voluntad del procesado, construyendo una narrativa de 'continuidad criminal' que desafía la legitimidad de los beneficios otorgados por el Gobierno. Esta acción busca blindar institucionalmente al ente acusador frente a las críticas por la falta de resultados en el control de las estructuras armadas.
En este escenario, la Fiscalía gana legitimidad pública al exponer pruebas contundentes de delitos atroces, mientras que el Gobierno pierde capacidad de maniobra política al quedar expuesto por mantener beneficios a un actor que, según el expediente, ha utilizado el proceso para fortalecer su control territorial. La narrativa de la Fiscalía se impone al documentar que la paz no ha frenado la violencia, obligando al Ejecutivo a decidir entre mantener su política de diálogo o ceder ante la presión judicial para reactivar las capturas.
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