La Fiscalía General de la Nación confirmó que los restos óseos hallados en una zona boscosa de Cali corresponden a la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años víctima de feminicidio. Ante este hallazgo científico, el ente acusador radicará una solicitud para adicionar una nueva imputación contra cuatro de los cinco capturados por el crimen. Los procesados, quienes no aceptaron los cargos iniciales de feminicidio agravado, secuestro y desaparición forzada, enfrentan ahora la posibilidad de penas de hasta 600 meses de prisión. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía reveló chats que detallan la planeación del crimen, incluyendo la búsqueda de armas, sustancias para dormir a la víctima y la logística para ocultar el cuerpo. Los mensajes evidencian que Yulieth Angulo, señalada como autora intelectual, habría engañado a la víctima simulando un embarazo para atraerla a una vivienda. En dicho lugar, la joven fue sometida a una cesárea artesanal para extraer a su hija, Alahia, quien según la investigación habría nacido viva antes de fallecer. El proceso judicial ha estado marcado por la indignación debido a la actitud de los cinco procesados, quienes fueron amonestados por el juez y el fiscal por reírse durante la diligencia. Los capturados, identificados como Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan José Narváez y Edwin García, permanecen bajo medida de aseguramiento en centro carcelario. La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades individuales y el papel de cada implicado en la ejecución y encubrimiento del hecho.

Análisis político

La estrategia de la Fiscalía se centra en la contundencia probatoria mediante el uso de evidencia digital y científica para desarticular cualquier intento de defensa basado en la negación de los hechos. Al exponer los chats y la crueldad del crimen, el ente acusador busca no solo asegurar una condena ejemplar, sino también gestionar la indignación pública que ha generado el caso, utilizando la narrativa de la 'cosificación' de la víctima para enfatizar la gravedad de la violencia de género en el país. En este escenario, la sociedad civil y las instituciones judiciales se posicionan como los principales actores que buscan justicia, mientras que los procesados pierden cualquier legitimidad social al mostrar una actitud desafiante ante la justicia. La construcción narrativa de la Fiscalía, al detallar la planeación meticulosa del crimen, contrasta con la frialdad de los acusados, lo que refuerza la percepción de un sistema judicial que, aunque lento, logra reconstruir la verdad frente a actos de extrema violencia.