Fiscalía investiga presunta contratación irregular de mujeres en el Dapre durante gobierno Petro
Resumen
La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar el 23 de octubre para esclarecer denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de 48 mujeres durante la administración de Gustavo Petro. El actual director del Dapre, Carlos Ríos, señaló ante el Congreso que estos contratos de prestación de servicios habrían sido utilizados para instrumentalizar a las contratistas con fines de encuentros íntimos. El ente acusador, a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, busca reconstruir la línea de tiempo de los contratos, concentrados principalmente entre agosto de 2022 y abril de 2023.
El proceso judicial contempla la citación de exdirectoras del Dapre, como Laura Sarabia y Angie Rodríguez, para obtener sus versiones sobre el funcionamiento de la entidad y los vínculos contractuales cuestionados. La defensa de Rodríguez, por su parte, prepara una denuncia propia ante la Fiscalía para alertar sobre anomalías en la contratación estatal y posibles favorecimientos. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para determinar si existieron faltas como acoso, violencia de género o extralimitación de funciones.
El expresidente Gustavo Petro rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como un ataque político y negando haber entregado contratos a cambio de favores sexuales. Las autoridades enfatizan que las diligencias actuales, incluyendo la posible declaración de Carlos Ríos, forman parte de una etapa de recolección de pruebas y no constituyen una condena. La investigación se mantiene en curso mientras se contrastan los testimonios con la documentación contractual hallada en la entidad.
Análisis Político
El evento evidencia una estrategia de judicialización de la gestión administrativa del gobierno anterior, donde el actual director del Dapre utiliza el control político como plataforma para exponer presuntas irregularidades. Esta narrativa busca desgastar la imagen del expresidente Petro al vincular la contratación pública con conductas éticamente reprochables, trasladando el debate del ámbito político al penal. La construcción de esta narrativa se apoya en testimonios de exfuncionarias, lo que fragmenta la defensa del sector político afectado y obliga a los implicados a responder ante organismos de control.
En este escenario, el gobierno actual gana terreno al posicionarse como un ente fiscalizador que destapa supuestos vicios heredados, mientras que el expresidente Petro y su círculo cercano pierden capital político al verse obligados a defenderse de acusaciones que tocan su esfera privada y administrativa. La disparidad en las versiones, donde cada actor busca validar su propia narrativa ante la Fiscalía, convierte el caso en un punto de fricción central que polariza la opinión pública y pone a prueba la independencia de las instituciones judiciales frente a la disputa política.
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