Fiscalía imputará al exviceministro Diego Cancino por presunto acto sexual violento
Resumen
La Fiscalía General de la Nación citó al exviceministro del Interior, Diego Cancino, a una audiencia de imputación de cargos programada para el próximo 10 de agosto. El exfuncionario es investigado por el presunto delito de acto sexual violento, tras una denuncia interpuesta en octubre de 2024 por Viviana Vargas, quien se desempeñaba como contratista en la misma cartera. El ente acusador no solicitará medida de aseguramiento contra el implicado durante esta etapa inicial del proceso judicial.
Los hechos denunciados habrían ocurrido durante un encuentro laboral en el apartamento de Cancino, donde la víctima buscaba oportunidades profesionales tras la finalización de su contrato. Según el testimonio de Vargas, el exviceministro realizó tocamientos indebidos, intentó besarla sin su consentimiento y la presionó para consumir alcohol. La investigación, que se extendió por casi dos años, incluyó peritajes psicológicos e informes técnicos que llevaron a la Fiscalía a recalificar el caso, pasando de una denuncia inicial por acoso sexual a la actual imputación por acto sexual violento.
Diego Cancino ha negado las acusaciones en diversas ocasiones, calificando el encuentro como una escena de cortejo y defendiendo su inocencia ante la opinión pública. A pesar de haber enviado mensajes de disculpa a la denunciante tras el incidente, el exfuncionario sostiene que no cometió actos de acoso y se ha comprometido a colaborar con la justicia. El caso se encuentra ahora en manos de un juez de control de garantías, quien supervisará la formalización de los cargos en la fecha establecida.
Análisis Político
La estrategia de defensa de Cancino ha oscilado entre la disculpa privada, admitiendo un comportamiento inadecuado, y la negación pública, argumentando que se trató de un episodio de cortejo. Esta ambivalencia ha sido interpretada por la opinión pública como una narrativa revictimizante, lo que debilita su posición política y moral. Por su parte, la Fiscalía utiliza la recalificación del delito como una señal de rigor institucional, buscando blindar el caso con pruebas periciales para evitar que el proceso sea desestimado por falta de sustento probatorio.
En este escenario, la denunciante gana legitimidad al lograr que el ente acusador eleve la gravedad de los cargos, mientras que Cancino pierde capital político y credibilidad, independientemente del fallo final. La construcción de narrativas es divergente: mientras la defensa intenta reducir el evento a una interacción personal y privada, la parte acusadora y la denunciante lo enmarcan como un abuso de poder derivado de la jerarquía laboral, lo cual resuena con las agendas de género y protección a la mujer en el ámbito público.
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