La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. La acusación se deriva de los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando Sarabia ordenó someter a su entonces niñera, Marelbys Meza, a una prueba de polígrafo en instalaciones oficiales tras la desaparición de una suma de dinero de su apartamento. La exfuncionaria se declaró inocente de los cargos presentados ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá. El ente acusador sostiene que Sarabia desbordó sus competencias al utilizar recursos, personal y equipos del Estado para resolver un asunto de carácter estrictamente personal. Según la investigación, Meza fue trasladada en un vehículo oficial y sometida a presiones e intimidaciones durante el interrogatorio, bajo la advertencia de que podría enfrentar una privación de la libertad. El caso también involucra interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a la empleada, bajo el pretexto falso de que estaba vinculada con el Clan del Golfo. La defensa de Sarabia ha cuestionado los argumentos de la Fiscalía, argumentando que la existencia de salas de polígrafo en la Presidencia y antecedentes de prácticas similares en gobiernos anteriores deben ser analizados antes de concluir una conducta ilícita. Por su parte, Marelbys Meza ha reiterado su inocencia y denunciado las dificultades personales y laborales que ha enfrentado desde que ocurrieron los hechos. El proceso judicial continuará ahora hacia la etapa de acusación, donde se determinará si el caso llegará a juicio oral.

Análisis político

La estrategia de la defensa se centra en normalizar el uso del polígrafo como una práctica institucional preexistente, intentando diluir la responsabilidad individual de Sarabia al señalar que el aparato estatal ya operaba bajo esas dinámicas. Al mismo tiempo, la Fiscalía busca establecer un precedente sobre el uso indebido de recursos públicos, construyendo una narrativa de abuso de poder que busca desvincular las funciones misionales del Estado de los intereses privados de los altos funcionarios. En este escenario, la figura de Laura Sarabia pierde capital político al quedar expuesta en un proceso penal que pone en duda su ética administrativa, mientras que la Fiscalía gana relevancia institucional al avanzar en un caso de alto perfil que involucra a una de las figuras más cercanas al expresidente Petro. La construcción de narrativas es divergente: mientras la defensa apela a la presunción de inocencia y a la costumbre administrativa, la Fiscalía y la parte afectada consolidan una versión de victimización y extralimitación del poder que resuena en la opinión pública.

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete y exdirectora del Dapre, por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. La diligencia judicial, realizada este 14 de septiembre ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, se centra en las presuntas irregularidades cometidas tras la desaparición de dinero en la vivienda de la exfuncionaria en enero de 2023. Sarabia no aceptó los cargos presentados por el ente acusador durante la audiencia. El caso se originó cuando Sarabia ordenó al entonces jefe de protección presidencial, coronel Carlos Feria, someter a su exniñera, Marelbys Meza, a una prueba de polígrafo en instalaciones oficiales. La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria utilizó su posición jerárquica y recursos del Estado para resolver un asunto de carácter privado, excediendo sus competencias legales. Según la acusación, la relación de poder entre Sarabia y Meza habría generado un ambiente de coacción que facilitó el procedimiento irregular. Durante la audiencia, la jueza reconoció a Marelbys Meza y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) como víctimas dentro del proceso penal. La defensa de Sarabia, liderada por el abogado Mario Iguarán, cuestionó la inclusión del delito de peculado por uso y anunció que buscará demostrar la inocencia de la exfuncionaria. Este proceso judicial marca un hito en la investigación que también ha derivado en condenas contra uniformados involucrados en interceptaciones ilegales relacionadas con este mismo caso.

Análisis político

La estrategia de la defensa se centra en cuestionar la tipicidad de los delitos, especialmente el peculado por uso, buscando deslegitimar la narrativa de la Fiscalía sobre el uso indebido de recursos públicos. Por su parte, el ente acusador utiliza este caso para enviar un mensaje sobre la separación entre los asuntos privados de los funcionarios y el uso de la infraestructura estatal, construyendo una narrativa de abuso de poder jerárquico que trasciende lo administrativo para entrar en el terreno de la responsabilidad penal. En términos de impacto político, la imputación debilita la imagen de una de las figuras más cercanas al expresidente Gustavo Petro, exponiéndola a un desgaste judicial prolongado. Mientras la Fiscalía gana legitimidad al avanzar en un caso de alto perfil que involucra a la cúpula del gobierno anterior, Sarabia pierde capital político al quedar formalmente vinculada a un proceso que la obliga a defenderse de acusaciones de instrumentalización de la fuerza pública para fines personales.