Fiscalía imputa cargos a dos trabajadores por muerte de Valeria Afanador
Resumen
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio culposo a Emily Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada, dos trabajadores del colegio donde desapareció y fue hallada sin vida la niña Valeria Afanador en agosto de 2025. La menor, de 10 años, desapareció el 12 de agosto de 2025 y su cuerpo fue encontrado 17 días después cerca del río Frío en Cajicá, Cundinamarca. La imputación se da casi un año después de los hechos, buscando esclarecer las circunstancias de su muerte.
Según la investigación, Emily Vivian Fuentes Hernández, docente, habría omitido labores de vigilancia sobre la niña mientras estaba bajo su responsabilidad académica, no garantizando su regreso al salón de clases. Por su parte, Danny Javier Ochoa Prada, responsable de infraestructura, es señalado de no haber realizado mantenimiento preventivo a las rejas del plantel, por donde se presume que la menor salió hacia el río. Ambos procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía durante las diligencias judiciales.
Este avance judicial se da en paralelo a una sanción administrativa impuesta por la Gobernación de Cundinamarca al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ordenando la cancelación de su licencia de funcionamiento una vez finalice el calendario académico de 2026. La medida se basa en el incumplimiento de normativas de seguridad y cuidado de los estudiantes, y busca determinar responsabilidades administrativas sin perjuicio de las investigaciones penales.
Análisis Político
La imputación de cargos por parte de la Fiscalía representa un avance en la búsqueda de justicia para el caso de Valeria Afanador, señalando posibles omisiones en el deber de cuidado por parte de empleados del colegio. La estrategia de la Fiscalía se centra en establecer la responsabilidad penal individual a través de la demostración de negligencia en funciones específicas, tanto de vigilancia académica como de mantenimiento de infraestructura. Por otro lado, la sanción administrativa contra el colegio, que incluye la cancelación de su licencia de funcionamiento, evidencia una postura de las autoridades departamentales de exigir mayor responsabilidad a las instituciones educativas en la protección de los menores.
En este evento, la Fiscalía y la Gobernación de Cundinamarca parecen ganar legitimidad al mostrar acciones concretas frente a un caso que generó gran conmoción. Los trabajadores imputados, por su parte, pierden en términos de su situación legal y reputacional, al enfrentar un proceso penal. Las narrativas se construyen desde la Fiscalía enfocándose en la omisión de deberes específicos y desde la Gobernación en la falla de protocolos de seguridad institucional. La familia de Valeria Afanador busca justicia y el cierre de un ciclo doloroso, mientras que la institución educativa enfrenta consecuencias administrativas y legales.
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