La Fiscalía ha avanzado en la investigación del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025. Las pruebas apuntan a la presunta participación de disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia, estructuras criminales con antecedentes de persecución política. Se han vinculado 17 personas al proceso, con 9 capturadas y 4 condenadas hasta la fecha. La fiscal delegada del caso, Deicy Jaramillo Rivera, señaló que existe un antecedente judicial de 2009 donde las entonces Farc declararon a la familia Turbay como objetivo militar, lo que sugiere una continuidad en las dinámicas criminales. El atentado, perpetrado en un parque de Bogotá por un menor de edad, es considerado por la Fiscalía no como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia de desestabilización institucional. Se ha identificado a alias Iván Márquez, condenado en 2009 y ahora parte de la Segunda Marquetalia, como una figura clave en esta línea de acción. La investigación ha reconstruido la secuencia de los hechos, utilizando herramientas como la geolocalización para ubicar a los implicados en la preparación del ataque. El senador era descrito como una persona estudiada y con un proyecto de país creíble, lo que, según la fiscal, se sumaba al objetivo de desestabilizar al país. El proceso investigativo ha implicado riesgos significativos para el equipo fiscal, quienes han recibido amenazas e intimidaciones. La Fiscalía ha emitido órdenes de captura contra integrantes de la guerrilla y busca determinar la intervención de Zarco Aldinever, líder de una facción de la disidencia, posiblemente relacionado con el exterminio de la familia Turbay Cote. La familia de Uribe Turbay ha sostenido que el hecho corresponde a un crimen de Estado, una hipótesis que la Fiscalía mantiene abierta pero sin evidencia concluyente que la respalde hasta el momento.

Análisis político

Se observa una estrategia de la Fiscalía por consolidar la narrativa de que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue ordenado por estructuras de la Segunda Marquetalia, vinculándolas a antecedentes de persecución política contra la familia Turbay desde 2009. Esta línea de investigación busca atribuir el crimen a la continuidad de dinámicas de grupos armados y a un objetivo de desestabilización institucional, lo que podría desviar la atención de otras posibles motivaciones o actores. La familia, por su parte, impulsa la tesis de un crimen de Estado, buscando darle una connotación jurídica de lesa humanidad que implique imprescriptibilidad y mayor impacto político. La Fiscalía parece ganar credibilidad al presentar avances concretos y condenas, mientras que la familia busca elevar la gravedad del caso. La Segunda Marquetalia y sus líderes señalados, como Iván Márquez, pierden al ser directamente implicados en un magnicidio que genera repudio. El Estado, a través del Ministro de Defensa, se posiciona prometiendo justicia y destacando esfuerzos contra el reclutamiento infantil, buscando proyectar una imagen de control y determinación. Las amenazas a los fiscales, si bien son un hecho grave, también pueden ser interpretadas como un intento de intimidación que refuerza la narrativa de la peligrosidad de los implicados.