La Fiscalía General de la Nación imputó a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería, por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. La investigación se centra en presuntas irregularidades durante la adjudicación de un contrato de 559.000 millones de pesos para la expedición de pasaportes. Salazar habría revocado la declaratoria de desierta de la licitación y levantado la urgencia manifiesta, dando vía libre a la adjudicación a un único proponente, excediendo sus funciones administrativas. Los hechos investigados se relacionan con resoluciones emitidas por Salazar en febrero de 2024, que revirtieron decisiones previas del excanciller Álvaro Leyva Durán. La Fiscalía argumenta que Salazar, con funciones administrativas y de coordinación, no tenía la autonomía para reabrir y adjudicar procesos contractuales ya cerrados. Esta actuación, según el ente acusador, facilitó la entrega directa del contrato a la firma Thomas Greg and Sons. Adicionalmente, la investigación abarca la adquisición de un predio rural en Puerto López, Meta, por 950 millones de pesos, realizada por Salazar entre agosto de 2022 y febrero de 2024. La Fiscalía señala la falta de justificación financiera y soportes bancarios o patrimoniales para esta compra, lo que sustenta el cargo de enriquecimiento ilícito.

Análisis político

Se observa una estrategia de la Fiscalía por deslindar responsabilidades en el caso de los pasaportes, enfocándose en la actuación de un exfuncionario de alto nivel. La imputación a José Antonio Salazar busca establecer si hubo extralimitación de funciones y enriquecimiento ilícito, lo que podría generar un precedente sobre la responsabilidad individual en procesos contractuales complejos. La defensa de Salazar, al no aceptar los cargos, anticipa un proceso judicial que podría revelar detalles sobre las directrices y decisiones tomadas en la Cancillería. El exsecretario general es señalado como el actor principal que habría tomado decisiones irregulares, mientras que el excanciller Álvaro Leyva Durán aparece como una figura cuyas decisiones previas fueron revertidas. El presidente, en su momento, también señaló a Salazar por actuar en contra de las directrices del Gobierno. La Fiscalía se posiciona como el ente investigador que busca esclarecer los hechos, mientras que Salazar se defiende de las acusaciones. La narrativa se construye en torno a la posible corrupción y abuso de poder en un contrato millonario.