La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel del Ejército Nacional, Carlos Didier Pérez Amorocho, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas. El oficial fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá tras ser señalado de colaborar con el ELN en 2020 y con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia durante 2026. El procesado no aceptó los cargos presentados por la Unidad Especial de Investigación durante las audiencias preliminares. Las investigaciones detallan que el coronel habría recibido 15 millones de pesos en 2020 para reducir operaciones militares contra el ELN en Arauca. Posteriormente, entre enero y mayo de 2026, mientras comandaba una unidad élite en Nariño, presuntamente pactó pagos de 30 millones de pesos semanales. Estos recursos habrían sido entregados a cambio de información reservada sobre movimientos de la fuerza pública y la omisión de acciones operativas. El ente acusador sostiene que el oficial facilitó el transporte de estupefacientes y armamento, llegando incluso a ordenar que narcóticos incautados fueran arrojados al río para su posterior recuperación por parte de los grupos ilegales. También se le atribuye haber frenado el avance de tropas para permitir la huida de cabecillas criminales en lanchas rápidas. El caso pone en evidencia una presunta red de corrupción interna que comprometió la seguridad en zonas estratégicas del país.

Análisis político

La captura del oficial revela una estrategia de infiltración de grupos armados ilegales en los mandos medios y altos de la fuerza pública, utilizando el soborno como herramienta para neutralizar la capacidad operativa del Estado. Esta situación debilita la legitimidad institucional y expone la vulnerabilidad de las unidades militares ante la cooptación por parte de economías ilícitas, como el narcotráfico, que financian estas alianzas criminales. El gran perdedor es la credibilidad del Ejército Nacional, que enfrenta un golpe a su imagen institucional al verse involucrado un mando activo en actividades de colaboración con estructuras armadas. Por su parte, la Fiscalía gana terreno en su narrativa de lucha contra la corrupción interna, posicionándose como un actor capaz de depurar las instituciones, mientras que los grupos armados ilegales pierden un activo estratégico clave en sus zonas de influencia tras la desarticulación de este vínculo.

El coronel del Ejército Carlos Didier Pérez Amorocho fue capturado en el Cantón Norte de Bogotá e imputado por la Fiscalía General de la Nación. El oficial es señalado de recibir sobornos millonarios a cambio de filtrar información reservada sobre operaciones militares y reducir la ofensiva contra grupos armados ilegales. Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Análisis político

La captura del oficial revela una estrategia de infiltración sistemática de grupos armados en los mandos medios y altos del Ejército, utilizando el poder de mando para garantizar corredores de movilidad para el narcotráfico. Este evento debilita la legitimidad institucional de la Fuerza Pública y expone la vulnerabilidad de las unidades de despliegue rápido ante la corrupción interna. El Estado pierde credibilidad al confirmarse la traición de un alto mando, mientras que los grupos armados ilegales, como el ELN y la Segunda Marquetalia, ganan capacidad operativa al neutralizar la presión militar mediante el pago de sobornos. La narrativa oficial se centra en la depuración institucional y la lucha contra la corrupción, mientras que los hechos evidencian una persistente infiltración criminal en zonas estratégicas del país.