Fiscalía imputa a cinco dragoneantes del Inpec por red de extorsión en Cómbita
Resumen
La Fiscalía General de la Nación imputó a 17 personas, incluidos cinco dragoneantes del Inpec, por su presunta participación en una red de extorsión que operaba desde la cárcel El Barne en Cómbita, Boyacá. La investigación determinó que los funcionarios facilitaban el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos logísticos a los internos. Esta infraestructura permitía a los reclusos realizar llamadas intimidatorias a ciudadanos en diversas regiones del país, haciéndose pasar por integrantes de grupos armados ilegales.
El modus operandi de la organización incluía la recolección de información detallada sobre las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares. Estos datos eran suministrados a los internos, quienes utilizaban agendas para contactar a las personas y exigir consignaciones de dinero bajo amenazas de muerte. Las capturas de los implicados se llevaron a cabo en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional en Bogotá y siete departamentos adicionales.
Durante las audiencias judiciales, ninguno de los 17 procesados aceptó los cargos por el delito de extorsión imputados por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario únicamente para el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez. Los demás implicados, incluyendo a los otros cuatro funcionarios del Inpec, continuarán vinculados al proceso penal en libertad mientras avanza la investigación.
Análisis Político
La estrategia observada se centra en la judicialización de la corrupción interna dentro del sistema penitenciario como mecanismo para frenar la criminalidad externa. Al desarticular redes que combinan actores privados con funcionarios públicos, la Fiscalía busca enviar un mensaje de control sobre la seguridad ciudadana, intentando mitigar la percepción de que las cárceles funcionan como centros de mando para el delito organizado.
En este evento, el Estado gana legitimidad al exponer la complicidad de los guardias, pero pierde credibilidad institucional al evidenciar la vulnerabilidad de los controles en un centro de máxima seguridad. La narrativa oficial se construye desde la eficacia operativa de la Fiscalía y la Policía, mientras que los acusados optan por una estrategia de defensa técnica al no aceptar cargos, buscando dilatar el proceso y evitar la privación de la libertad durante la etapa de juicio.
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