La exrepresentante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, anunció que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno asumirá su defensa técnica en el proceso penal que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La excongresista enfrenta una investigación formal por los presuntos delitos de extorsión, prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto. Arizabaleta afirmó que atenderá los llamados de la justicia con plena disposición para garantizar su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso. El caso se originó tras la decisión de Arizabaleta de ordenar, en su calidad de presidenta de la Comisión de Acusaciones, la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Esta medida fue cuestionada por expertos y funcionarios, quienes señalaron que la congresista carecía de competencia constitucional para apartar al mandatario de su cargo. Posteriormente, el Gobierno denunció que la exrepresentante habría condicionado decisiones judiciales a cambio de favores políticos y recursos económicos. La investigación de la Corte Suprema se sustenta en testimonios de funcionarios como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Dapre, Nhora Mondragón, además de declaraciones del abogado presidencial Alejandro Carranza. Según el expediente, Arizabaleta habría sostenido reuniones privadas y compartido información reservada con la defensa del presidente mientras lideraba las investigaciones en su contra. La excongresista sostiene que contaba con elementos probatorios suficientes para actuar y que su labor se enmarcaba en sus funciones legislativas.

Análisis político

La estrategia de defensa de Arizabaleta, al contratar a un abogado con un perfil mediático y polémico como Luis Gustavo Moreno, busca capitalizar la experiencia de un litigante acostumbrado a casos de alto impacto y entramados de corrupción. Esta elección sugiere una táctica de confrontación directa con la narrativa oficial, intentando equiparar el proceso judicial con una persecución política. Al mismo tiempo, la defensa intenta desviar la atención hacia la presunta legitimidad de sus hallazgos sobre el entorno presidencial, buscando transformar su posición de investigada a denunciante de irregularidades gubernamentales. En este escenario, el Gobierno gana terreno al consolidar la imagen de Arizabaleta como una figura que instrumentalizó su cargo para fines extorsivos, debilitando la credibilidad de las investigaciones que ella misma lideró contra el mandatario. Por su parte, la excongresista pierde capital político al quedar vinculada a un escándalo de corrupción que trasciende su labor legislativa. La narrativa del Gobierno se construye sobre la base de la institucionalidad vulnerada, mientras que la defensa de Arizabaleta intenta construir una narrativa de resistencia frente a un poder ejecutivo que, según ella, buscaba ocultar información sensible.