Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado
Resumen
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras y protestas ocurridos entre mayo y junio de 2026. El exmandatario es investigado por seis delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado e instigación pública a delinquir. La medida judicial responde a una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la cual se adhirió el Ministerio de Gobierno tras las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas, que se extendieron durante siete semanas, provocaron una crisis de desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades del país. Según informes oficiales, los bloqueos dejaron un saldo de al menos 16 personas fallecidas y pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares. El Gobierno logró finalizar las manifestaciones tras decretar el estado de excepción y desplegar a las fuerzas de seguridad para despejar las vías.
Evo Morales, quien permanece en el Trópico de Cochabamba bajo la protección de sus seguidores, calificó la orden como una persecución política para desviar la atención de la crisis económica actual. Esta es la segunda orden de aprehensión en su contra, pues ya enfrenta un proceso judicial por presunta trata agravada de personas. La ejecución de estas medidas sigue siendo un desafío para las autoridades, quienes han sido cuestionadas por la falta de efectividad en la captura del exmandatario.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno de Rodrigo Paz se centra en la judicialización de la oposición para deslegitimar las protestas sociales, vinculando a Morales con delitos graves de seguridad nacional. Por su parte, el expresidente utiliza una narrativa de victimización y resistencia, posicionándose como un líder perseguido que defiende al pueblo frente a un modelo económico fallido, lo que le permite mantener su base electoral en el Chapare.
El Gobierno gana terreno al intentar restablecer el orden público y señalar a Morales como el responsable directo de la crisis humanitaria y económica, aunque pierde legitimidad si la orden de captura no se ejecuta, evidenciando debilidad institucional. Morales, aunque pierde capacidad de maniobra política formal, gana capital simbólico entre sus seguidores al desafiar abiertamente al Estado, profundizando la polarización entre el oficialismo y los sectores afines al exmandatario.
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